viernes, 5 de octubre de 2012

SE INSISTE

Si al momento de subir el post del último martes pudo parecer excesivo que en él se haya llamado a recordar lo sucedido en Honduras y Paraguay, el miércoles dio la sensación contraria. Incluso que había sido insuficiente. Pareció que debía haberse evocado también el frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, en septiembre de 2010; aquella conspiración de una fracción de la Policía Nacional de ese país con motivo de una ley, aprobada el día anterior por la Asamblea Nacional, que recortaba algunos beneficios salariales del sector público y los unificaba dentro del salario mensual.
Fuerzas de seguridad, reacomodamiento salarial, mala interpretación allí y mala aplicación acá… Similitudes sugestivas que prendieron una luz de alarma en la conciencia democrática de todo ciudadano que la posee. Y tanto el Gobierno como casi todo el arco político, distintas organizaciones y personalidades reaccionaron con saludables reflejos.
Independientemente de que se haya tratado de error administrativo involuntario -algo aparentemente improbable- o de intencionalidad -directamente inadmisible-, buscando generar un caos en el seno de las Fuerzas, no era momento de investigar a fondo las causas; algo que sí deberá hacerse inmediatamente después de superado el conflicto. El Gobierno actuó y tomó medidas de inmediato (1).
Por otra parte, ambas Cámaras del Congreso de la Nación, superando toda diferencia ideológica de quienes las integran, se manifestaron llamando a la prudencia, la responsabilidad y la adecuación a las pautas de funcionamiento democrático. Laudable, aunque no faltó algún que otro caso lamentable. Y diferentes organizaciones y personalidades de distintos ámbitos se manifestaron en defensa de la democracia que consideraron amenazada por los sucesos.
Avergüenza la Unión Cívica Radical, que no firmó el documento elaborado por la Cámara de Senadores. No era momento para dejar relucir sus fisuras. Era una oportunidad más para revertir el estigma de haber golpeado las puertas de los cuarteles durante el siglo pasado. Era una oportunidad para honrar la memoria de su correligionario y ex presidente Raúl Alfonsín, quien tuvo que soportar tres asonadas militares y negociar en una de ellas las ominosas leyes de Obediencia Debida y Punto Final para preservar la estabilidad institucional.
Resulta conveniente recordar que dos de esos alzamientos estuvieron comandados por el carapintada Aldo Rico. El mismo que sumó su adhesión al conflicto de estos días junto al de los autodenominados sindicatos de las Policías Federal y Bonaerense, y al de otros agentes retirados y en actividad de las Fuerzas Armadas. El mismo que pretende resucitar políticamente compartiendo -junto con otros personajes impresentables- escenario con Hugo Moyano y Gerónimo “el Momo” Venegas, a quienes el Gobierno les quitó su respectivo “chupetín” y, hoy por hoy, se transformaron en los máximos enemigos sindicales del Gobierno; ambos demasiado cercanos a y complacientes con distintas maniobras desestabilizadoras.
No obstante todo el rechazo que produjo el hecho, sostener que existen sectores interesados en desestabilizar la democracia, como se viene sosteniendo, y que, consecuentemente, esos sectores se regocijaron con este conflicto, no es paranoia. Como se mostró, no faltó el aprovechamiento político de los sucesos. Tampoco el mediático.
Hay un aprovechamiento mediático por parte del Grupo Clarín que fogonea y asusta a la población permanentemente desde sus titulares y editoriales sobre el conflicto”, declaró el diputado nacional Leonardo Grosso; y redobló: “se vislumbra un intento destituyente en la difusión de la noticia”. Es cierto. Podría considerarse animosidad, pero el “queremos agradecer la presencia de Canal 13 (Grupo de multimedios Clarín), que fueron los primeros en venir y nos apoyaron” que se escuchó por un altoparlante y, más tarde, la agresión verbal y el “apriete” a un cronista de una emisora privada, no perteneciente a ese oligopolio, ahorra cualquier comentario probatorio.
Por todo ello, desde este espacio se insiste… a no dormirse. Nada de lo que sucede es ingenuo ni inocente. Menos si se aprovecha el significado simbólico de las armas para un reclamo salarial, legitimo, de sólo una minoría de afectados; y si al encontrar inmediata respuesta a la protesta, “se corre el arco de  la demanda para atrás”, con el fin de incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia (¿otra vez?).
Hay quienes no demuestran desconveniencia en llevarse las instituciones puestas.

‘(1) Quitó la liquidación de salarios a Prefectura Naval Argentina (PNA) y Gendarmería Nacional (GN), pasándolo a la órbita del Ministerio de Seguridad; decidió pagar igual salario que el mes anterior hasta que se asegure la correcta implementación del Decreto que determinó el reacomodamiento salarial (para terminar con la distorsión que existía) en línea con lo que había planteado en un fallo la Corte Suprema de Justicia; descabezó las cúpulas de ambas Fuerzas de Seguridad, pasando a retiro a 10 altos mandos de cada una y nombró nuevas autoridades.

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