CRUZAR EL LÍMITE

Finalizaba la semana y nos enterábamos que, en una nueva embestida judicial, algunos periodistas y funcionarios habían sido denunciados penalmente por “incitación a la violencia y coacción agravada”. Los periodistas por opinar y los funcionarios por cumplir con sus funciones. Un nuevo despropósito del desquiciado Grupo dominante de multimedios Clarín; un despropósito que inmediatamente se le volvió en contra, como no podía ser de otra manera. Llovieron críticas al hecho, repudios, manifestaciones de solidaridad para con los denunciados, solicitadas en desagravio, y más. ¡Y qué no se dijo de los denunciantes!  

Pretender acallar al pueblo (periodistas y funcionarios lo son), intimidarlo, es una más de las hijoputeces en las que se especializa el Grupo Clarín. Pero esta vez cruzaron todos los límites admisibles… Y ahora, tratando de disimular lo indisimulable, sin sentir vergüenza por el ridículo... ¡Patético! Hay lugares desde los que no se retorna.

Que la denuncia penal contra periodistas constituye un ataque a la libertad de expresión de todos los trabajadores de prensa, es irrefutable; tanto, que no justifica gastar un mínimo de energía en argumentarlo. Que la selección de los periodistas sobre los que recayó la denuncia no es casual ni inocente, surge a las claras; tampoco justifica ser fundamentado. Y  que la denuncia incluya a funcionarios públicos que han asumido con compromiso la tarea de garantizar desde el Estado el cumplimiento pleno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), indica, como dice el refrán, dónde está la madre del borrego. ¡En la ley!, que pone límites a las arbitrariedades e indebidos privilegios de los que viene disfrutando impunemente.

Todo lo demás que diga Clarín son paparruchadas. Fuegos de artificio, bombas de estruendo o cortinas de humo, como quiera graficarse. Maniobras en busca de alguna grieta que le permita al Grupo burlar la voluntad del legislador. Hasta el momento lo venía logrando, incluso con ciertas complicidades que van más allá de la de los sicarios de la verdad de los que se vale, pero les han sido selladas poco a poco; y si algo lo ha hecho perder definitivamente el equilibrio, entendido éste como ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios, tal como lo define en una de sus acepciones la Real Academia Española, ese algo se llama 7D. El principio del fin. Y vendrán otros finales para otros indebidos privilegios que usufructúa. Entre ellos, quizá, el de andar libres por la calle por la forma en que accedieron al paquete accionario de Papel Prensa. Y ellos lo saben.

Este espacio no está tan de acuerdo con aquello de que la maniobra reciente de Clarín es una avanzada antidemocrática, como opinó el diputado Carlos Heller. Cualquier excusa los ha tenido de protagonistas visibles y no tanto en avanzadas de ese tipo en todas las épocas, pero en esta oportunidad se trata de desesperación; desesperación producto de ver convertida su hegemonía en impotencia; desesperación por sentirse no infalibles.

Tampoco se está  de acuerdo con que se trata de un retroceso democrático, como hizo lo propio el dirigente radical Leopoldo Moreau. En todo caso es un avance de la democracia, que a través de sus instituciones, como corresponde, se fue imponiendo. Fue bloqueando los caminos al abusador. Y sigue haciéndolo. El fallo que emitió hoy la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo más: el 7D es improrrogable; un fallo que hace más ciertas que nunca las palabras del intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín: “El 7D es la última frontera que debemos atravesar para vivir en un país más democrático".