viernes, 6 de julio de 2012

DEFINICIÓN BRILLANTE

“¿Y qué culpa tenían los niños y bebés que sustrajeron; que les sustrajeron a sus padres; que les sustrajeron su identidad? Los hijos no pagarán por sus padres. Resulta extraño que usted  no recuerde ese pasaje bíblico diciéndose cristiano y habiéndose fotografiado en misas, comulgando, para mostrar cuan derechos y humanos éramos los argentinos. Por el mismo motivo resulta extraño tanta muerte, tanta perversidad”, se decía aquí, en “TE CONTESTO”, en el post dedicado al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo).
El personaje-destinatario imaginario de ese post, Jorge Rafael Videla, siempre negó la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Pero ayer, ese mismo individuo debió escuchar desde el banquillo de los acusados, de boca de la presidente del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta, la sentencia que lo contradice; y su condena a la pena máxima que contempla la legislación argentina. También las de otros ocho procesados (dos sobre un total de once resultaron absueltos) que fueron encontrados penalmente responsables en distintos grados en la misma causa judicial, iniciada a fines de 1996.
Con éstos, los genocidas condenados suman 299.
Esta vez, después de más de tres décadas de sucedidos los hechos, la Justicia puso las cosas en su lugar. No consideró que las apropiaciones fueron casos “aislados” como pasó en el Juicio a las Juntas de Comandantes, en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es que 500 casos no son casos aislados.
Debieron pasar 16 años y ventilarse 35 de esos casos en los estrados judiciales para que el tribunal concluyese que fueron “delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Definición brillante que no deja lugar a dudas ni resquicios.
Definición brillante que abre camino a los desafíos que aún restan: investigar y juzgar la cooperación, directa e indirecta, de otros partícipes de la práctica sistemática. Los médicos que actuaron de parteros, los funcionarios judiciales que intervinieron a sabiendas en los procedimientos de adopción, miembros de la Iglesia y/o vicarios castrenses… Falta, todavía falta... Y no se trata de venganza sino de justicia. “Justicia legal, jamás por mano propia”, como admirablemente siempre sostienen esas luchadoras silenciosas: las integrantes de las asociaciones Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, que a pesar de su mochila y su edad no claudican.
Abuelas ya recuperó 105 nietos. Los herederos de su lucha, para recuperar los casi 400 que todavía faltan. Admirable…
La humanidad en general no es ajena a los logros de la Argentina en materia de Derechos Humanos. Los medios del mundo se hicieron eco de las condenas de ayer. Entre muchos, la BBC, que calificó a la noticia como una de las noticias internacionales más importantes del día; o The Guardian, del Reino Unido, que resaltó que con la sentencia que reconoció formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes “Argentina dio un paso gigante en la lucha con su pasado sangriento”. Notable…, tan notable como que aquí todavía existan sectores que se mantengan indiferentes a ese pasado; o lo que es peor, que lo defiendan.

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