DIEZ MINUTOS

Primero estupor, luego indignación. Y a la sazón, el repudio generalizado… Fue el orden de los estadios por los que transitó el humor social la noche del martes tras escuchar la sentencia que absolvió a la totalidad de los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Una sentencia que cambió de ropaje a la señora de los ojos vendados y la balanza en la mano, arrancándole la túnica y vistiéndola de prostituta.

Diez minutos demandó la lectura del veredicto; 10 minutos que aplastaron 10 años de búsqueda y lucha de la incansable Susana Trimarco, la madre de la víctima, y 10 meses de juicio; 10 minutos… Suficientes para recalentar los ánimos, llevándolos tan alto como las temperaturas a las que nos viene sometiendo el 2012 durante las últimas semanas; suficientes para colocar al Poder Judicial en el ojo de la tormenta que venía desatando por mérito propio; suficientes para caer en la cuenta, de una vez por todas, que con Justicia como ésta la condenada resulta ser la sociedad íntegra, excepto los poderes fácticos a los cuales con fallos así demuestra una vez más que suele servir o responder. Fallos como éste y como las cautelares que impiden desde hace tres años la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA); o como las decenas de miles de cautelares que perpetuaban las distorsiones salariales en Prefectura y Gendarmería, permitiendo a jueces corruptos participar de un fabuloso negocio; o las maniobras de un Consejo de la Magistratura que violenta toda norma en la designación de jueces; o los 30 años de trabas y resistencias encubiertas a los juicios de lesa humanidad en Jujuy.

¿Justicia o justicia con minúscula?, como la denominó deliberadamente, indignado, el periodista y escritor Mempo Giardinelli en una nota visceral que escribió la misma noche en que las víctimas de la trata de personas con fines sexuales debieron sentirse más víctimas que nunca, se publicó al día siguiente y EL GUARDAFARO transcribe hoy en OTRAS VOCES.

Con mayúscula o con minúscula, este espacio la califica: gangrenosa. No septicémica porque no sería justo ni lógico meter a todos quienes integran la “gran familia judicial” en la misma bolsa. Sin embargo, igualmente resulta más que razonable y necesario meter al sistema judicial en la bolsa del “Vienen por todo”, que tanto pavor genera en algunos, y repensarlo.

El blog Los Caniches de Perón, nos refrescan la memoria: “La última dictadura (cívico-militar-eclesiástica) borró de un plumazo al 70 % del Poder Judicial entre Fiscales, Jueces, Camaristas y Supremos. Los que asumieron en sus lugares juraron sobre las actas del (autodenominado) Proceso de Reorganización Nacional y la corporación judicial jamás dijo nada de esto, todos avalaron el mamarracho jurídico que privó de justicia a todo el pueblo argentino”. Además, “el Gobierno de (Raúl) Alfonsín le dio valor constitucional a esta ilegitimidad judicial y de esa manera quedo legalizado el golpe a la Justicia. Hoy casi el 60% de los cargos de la corporación judicial están ocupados por estos doctores cómplices de la ilegalidad de los años del genocidio”. Guarismos sino exactos, aproximados y válidos.

La Presidente consignó: “Hay que democratizar el Poder Judicial”. Y los dos diarios contrarios al Gobierno defendieron la última trinchera de los poderes fácticos; su última trinchera. Cargaron contra Cristina Fernández de Kirchner interpretando que sus críticas forman parte de otro embate y de las presiones a los magistrados. Nada raro en los tiempos que corren, tiempos de disputas, fundamentalmente por la LSCA, en los que el desquiciado Grupo dominante de multimedios Clarín desde fines de septiembre sólo publica títulos principales negativos para el Gobierno Nacional.

A pesar de ello, la idea parece “haber prendido”. El tiempo dirá.

PASADO REMANENTE

Los privados de su libertad son múltiplemente presos.

Independientemente de la condena judicial, que se supone merecida y justa, en primer lugar son presos del pensamiento estigmatizador. En otros momentos históricos lo fueron los pueblos originarios, los inmigrantes de principios del siglo XX, los “cabecitas negras” y los “subversivos”; y hoy, sensación de inseguridad mediante, instalada por la agenda mediática, comparten ese desdoro adicional en el imaginario colectivo con los inmigrantes de los países latinoamericanos y los jóvenes de los barrios carenciados.

En segundo lugar, son presos de la invisibilidad. Aunque sean reales, como consecuencia de ese pensamiento estigmatizador, integran el conjunto de “invisibles” de nuestra sociedad. Una forma de ser parte del conjunto de ”excluidos” que la Argentina también tiene -con el proyecto político en curso se supone que cada vez menos, pero los tiene-.

Estigmatizados, invisibles, excluidos, quedan presos de la indiferencia. Y la indiferencia hace del presidiario un preso del submundo del delito intramuros asociado a las fuerzas de seguridad. En tal sentido, la diputada Mariel Calchaquí, escribió un artículo tan interesante como escalofriante, cuyos pasajes más sustanciosos y específicos este espacio transcribe en OTRAS VOCES. Imperdible por algunas denuncias. Imperdible para entender el título de este post.

Nadie puede pretender que quien ha incurrido en delito no pague por su culpa. Pero tampoco nadie puede pretender que a quien ha delinquido, o que se presume que ha delinquido, se lo someta a condiciones infrahumanas, se le nieguen derechos elementales, se lo confine a usinas de odio y resentimiento y/o se lo prive de la posibilidad de rencauzarse.

Sin embargo, “ningún preso tiene la vida garantizada”. No son palabras cualquiera ni de cualquiera. Lo afirmó el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; y agregó: “Desde la procuración tenemos registrados más de 360 casos de tortura y ninguna condena judicial. Es necesario hacer un esfuerzo institucional para crear el Mecanismo”, refiriéndose al Mecanismo Nacional Antitortura cuyo tratamiento en plenario de comisiones, en el Congreso de la Nación, quedó recientemente trunco debido a la falta de quórum; algo verdaderamente sorprendente, que, comparado con la nota de Mariel Calchaquí, marca la gran diferencia de compromiso con el tema que existe incluso entre los políticos. Lamentable.

Hace unas horas Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Nacional por la Memoria, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, entre otros, entregaron su Informe Anual 2012, referido a las torturas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Un anticipo del mismo por parte de la diputada nacional Victoria Donda, reveló que: “al menos 235 víctimas denunciaron golpizas, asfixia por submarino, puntazos, cortes, golpes y uso de picana eléctrica; 196 de ellos fueron aislados alguna vez por más 24 horas en pequeñas celdas, sin agua caliente, y de esos, 85 pasaron en promedio por traslados a once cárceles distintas, soportando hacinamiento, falta de agua y colchones, mala alimentación y ausencia de sanitarios”. Y aclara que el infierno penitenciario no es exclusividad de la provincia de Buenos Aires. Se repite en todo el país. Aberrante.

Esperemos que se haga público, se tome conciencia del cambio necesario. Y que se trabaje seria y comprometidamente en él.

SIMPLIFICACIONES TRAMPOSAS 2

Concluíamos el post anterior diciendo que “cualquier programa de rehabilitación y reinserción social para los presos que se ponga en práctica será insuficiente si no conlleva la adecuación del sistema penitenciario; incluida la depuración de sus filas y la reducación de los agentes, tanto a nivel nacional como provinciales. Incluso haciendo extensivas éstas últimas a las policías”. Algo que nadie desconoce totalmente, pero que quienes deben decirlo no lo ponen debidamente en blanco sobre negro; una cuestión acerca de la que todos sabemos que algo debe hacerse -o mínimamente los sentimos así-, pero que quienes deben obrar, porque están habilitados a ello, no proceden, o hacen tibiamente sin convicción o sin el coraje necesario.

El listado de referencias a las condiciones infrahumanas a las que se somete a los presos y el tratamiento que reciben en penitenciarías y comisarías en todo el territorio podría hacerse tan extenso que asombraría al más indiferente. Pero si para ejemplificar las simplificaciones de la prensa interesada en provocar malhumor social este espacio decía que para muestra basta un botón, esta vez vale igual: luego de la investigación a la que dio lugar una denuncia que databa de la época en que Jorge Omar Sobisch comenzó su segundo mandato consecutivo en la gobernación y bastante antes que su policía matara al maestro Carlos Fuentealba en la ruta, en el año 2010 un total de 27 agentes de la unidad penitenciaria U11 de la provincia del Neuquén fueron llevados a juicio oral. Sólo 2 recibieron condena efectiva de no más de 4 años, en fallo dividido porque dos de los tres jueces del tribunal consideraron que la aplicación de picana no es tortura ¡¿…?!. A Cristian Ibazeta, su testimonio clave y sus otras siete denuncias que estaban en trámite / archivadas, no le resultaron gratuitas; este año, la noche del 21 de mayo, cuando faltaban sólo 30 días para su régimen de salidas transitorias, en “una pelea con internos” (sic) recibió 24 puntazos en su celda individual, cerrada con llave. Murió tres días después.

De este caso la prensa habló poco y nada.

Actualmente los Derechos Humanos atraviesan transversalmente a una inmensa mayoría de nuestra sociedad, independientemente de la ideología de cada uno. Sin embargo el tema de las cárceles no ha tomado estado público suficiente -o deseable- para concientizar a la población del cambio institucional (en ese ámbito) que necesita el país. Para interiorizarse correctamente hay que recurrir a caminos alternativos. Los medios de información que gozan de una posición dominante sólo informan los casos que trascienden cuando el escándalo es inocultable y, como es su costumbre, les dan un tratamiento afín a los objetivos que persiguen o los intereses que defienden o a quienes protegen. Simplificaciones tramposas, nuevamente. Ayer cómplices, directos y por omisión, del terrorismo de Estado; hoy predicadores de la mano dura para quienes los Derechos Humanos de los privados de la  libertad no existen.

A esos medios de comunicación tampoco se los encontrará ahondando en la ventaja (necesidad) de crear las condiciones socioeconómicas necesarias que coadyuven a la máxima disminución posible de los actos delictivos; o bajo qué circunstancias los adolescentes que hoy delinquen optaron por ese camino. Sólo estigmatizan a los últimos.

EL GUARDAFARO plantea los siguientes interrogantes y propone estas respuestas: ¿Mejora de condiciones socioeconómicas para bajar la tasa de delitos? Sí, es una forma de prevención. Por mucho que les pese a algunos, aunque falte, ese camino se viene recorriendo desde el 2003. Y a quienes pretenden negarlo, que recuerden en qué estado se encontraba el país por ese entonces. ¿Rehabilitación sí o rehabilitación no, para los presos? Sí, reduce la probabilidad de reincidencia posterior. El cómo es un tema de especialistas. Y los casos excepcionales, un capítulo aparte. ¿Mejorar el sistema carcelario, personal incluido? Si, para que los penales no sean usinas de odio y resentimiento ni se transformen en Universidades del delito y los programas de rehabilitación no naufraguen. Siempre el ser humano por delante de todo.

La semana entrante, cuando la Comisión Nacional por la Memoria entregue al gobernador y aspirante a precandidato presidencial para el 2015, Daniel Scioli, el Informe Anual referido a las torturas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, podrá dimensionarse lo dicho aquí. Para ese distrito, por lo menos.

¿Y los medios dominantes de comunicación? Recordarles entre otras cosas a los paladines de la libertad de expresión que ésta va de la mano del derecho a la información de los ciudadanos.

SIMPLIFICACIONES TRAMPOSAS

“La comprensión del otro es, en el discurso de los medios, siempre y necesariamente simplificadora”, escribía Lucía Caruncho para un matutino en octubre del año pasado. Lástima la intencionalidad de determinadas simplificaciones que atentan contra la función básica de informar y la posterior discusión de los hechos, si se quiere y/o el tema lo requiere. Simplificaciones interesadas en provocar malhumor social; incluso en impedir algunos cambios socioculturales saludables.

Para muestra basta un botón, dicen. Una, de las últimas semanas: los presos. Ejemplo inscripto en el show de la inseguridad, que desde hace un par de años se constituyó en una de las herramientas favoritas de la corporación mediática dominante para la horadación; inseguridad que hacen aparecer y desaparecer a gusto. O si se quiere, más o menos como hace poco lo dijo Eduardo Aliverti: un subibaja que responde al grado de ebullición de la temática política propiamente dicha.

Es que la inseguridad genera miedo. Y el miedo es un disciplinante social, además de debilitar el tejido social. Instalar la sensación de inseguridad en el imaginario colectivo es funcional a los intereses de los enemigos del Gobierno.
Haber encontrado al recientemente condenado Eduardo Vázquez, ex baterista del grupo Callejeros, participando de un acto cultural (dicen), dio el pie. El alboroto no se hizo esperar.

La complejidad del sistema carcelario en sí mismo, y todo lo relacionado con él, requiere de análisis profundos por parte de especialistas en distintas disciplinas que den lugar a un debate serio y concienzudo. No es intención de este espacio opinar acerca del “permiso” o “salida controlada” de la discordia; de ese/a ni de otro/a u otros/as. Lo que tiene para decir es que apoya la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social para quienes están privados de la libertad por haber delinquido. De hecho celebra, por ejemplo, la sanción, hace exactamente un año, de la ley impulsada por los diputados Adriana Puiggrós y Ricardo Gil Lavedra, disponiendo que todas las personas detenidas en cárceles que no hayan concluido los niveles educativos obligatorios deben recibir educación primaria o secundaria, según sus necesidades, y, además, que tendrán derecho a realizar estudios terciarios y universitarios.

Si bien el ejemplo dado es puntual no debería escapar a la inteligencia de nadie que habrá otras posibilidades, alternativas y/o complementarias, que viabilicen la búsqueda. Tampoco que ninguno de esos programas llevará el sello de infalible. Pero no brindarle las condiciones que permitan su rehabilitación y reinserción es pensar al presidiario en términos de “malo”, estigmatizarlo, excluirlo definitivamente, empujarlo a continuar por la misma senda que lo condujo a la cárcel cuando recupere su libertad; y con ello la inseguridad se asegura perpetuidad. En este mismo sentido, el Lic. en Comunicación Social, docente de Filosofía Política Moderna, Roberto Samar, sostiene: “Desde la primera infancia consumimos a través de las industrias de entretenimiento discursos que van estructurando una sociedad bipolar, esencialmente constituida por buenos y malos…, pensamiento funcional a modelos basados en el castigo y la exclusión, que pone al “otro” en el lugar del “malo”… Pensar al otro como “malo” no le permite la posibilidad de cambio”.

Al hablar de complejidad del ámbito carcelario, finalmente tampoco debería escapar a la inteligencia de nadie que cualquier programa con esta finalidad que se ponga en práctica será insuficiente si no conlleva la adecuación del sistema penitenciario; incluida la depuración y la reducación de sus agentes, tanto a nivel nacional como provinciales. Incluso haciendo extensivas éstas últimas a las policías. Una tarea titánica que no admite ligerezas. Por el contrario, demanda compromiso y seriedad para ser abordada, cernida y llevada adelante como corresponde.

DEFINICIÓN BRILLANTE

“¿Y qué culpa tenían los niños y bebés que sustrajeron; que les sustrajeron a sus padres; que les sustrajeron su identidad? Los hijos no pagarán por sus padres. Resulta extraño que usted  no recuerde ese pasaje bíblico diciéndose cristiano y habiéndose fotografiado en misas, comulgando, para mostrar cuan derechos y humanos éramos los argentinos. Por el mismo motivo resulta extraño tanta muerte, tanta perversidad”, se decía aquí, en “TE CONTESTO”, en el post dedicado al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo).

El personaje-destinatario imaginario de ese post, Jorge Rafael Videla, siempre negó la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Pero ayer, ese mismo individuo debió escuchar desde el banquillo de los acusados, de boca de la presidente del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta, la sentencia que lo contradice; y su condena a la pena máxima que contempla la legislación argentina. También las de otros ocho procesados (dos sobre un total de once resultaron absueltos) que fueron encontrados penalmente responsables en distintos grados en la misma causa judicial, iniciada a fines de 1996.

Con éstos, los genocidas condenados suman 299.

Esta vez, después de más de tres décadas de sucedidos los hechos, la Justicia puso las cosas en su lugar. No consideró que las apropiaciones fueron casos “aislados” como pasó en el Juicio a las Juntas de Comandantes, en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es que 500 casos no son casos aislados.

Debieron pasar 16 años y ventilarse 35 de esos casos en los estrados judiciales para que el tribunal concluyese que fueron “delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Definición brillante que no deja lugar a dudas ni resquicios.

Definición brillante que abre camino a los desafíos que aún restan: investigar y juzgar la cooperación, directa e indirecta, de otros partícipes de la práctica sistemática. Los médicos que actuaron de parteros, los funcionarios judiciales que intervinieron a sabiendas en los procedimientos de adopción, miembros de la Iglesia y/o vicarios castrenses… Falta, todavía falta... Y no se trata de venganza sino de justicia. “Justicia legal, jamás por mano propia”, como admirablemente siempre sostienen esas luchadoras silenciosas: las integrantes de las asociaciones Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, que a pesar de su mochila y su edad no claudican.

Abuelas ya recuperó 105 nietos. Los herederos de su lucha, para recuperar los casi 400 que todavía faltan. Admirable…

La humanidad en general no es ajena a los logros de la Argentina en materia de Derechos Humanos. Los medios del mundo se hicieron eco de las condenas de ayer. Entre muchos, la BBC, que calificó a la noticia como una de las noticias internacionales más importantes del día; o The Guardian, del Reino Unido, que resaltó que con la sentencia que reconoció formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes “Argentina dio un paso gigante en la lucha con su pasado sangriento”. Notable…, tan notable como que aquí todavía existan sectores que se mantengan indiferentes a ese pasado; o lo que es peor, que lo defiendan.