PASADO REMANENTE

Los privados de su libertad son múltiplemente presos.

Independientemente de la condena judicial, que se supone merecida y justa, en primer lugar son presos del pensamiento estigmatizador. En otros momentos históricos lo fueron los pueblos originarios, los inmigrantes de principios del siglo XX, los “cabecitas negras” y los “subversivos”; y hoy, sensación de inseguridad mediante, instalada por la agenda mediática, comparten ese desdoro adicional en el imaginario colectivo con los inmigrantes de los países latinoamericanos y los jóvenes de los barrios carenciados.

En segundo lugar, son presos de la invisibilidad. Aunque sean reales, como consecuencia de ese pensamiento estigmatizador, integran el conjunto de “invisibles” de nuestra sociedad. Una forma de ser parte del conjunto de ”excluidos” que la Argentina también tiene -con el proyecto político en curso se supone que cada vez menos, pero los tiene-.

Estigmatizados, invisibles, excluidos, quedan presos de la indiferencia. Y la indiferencia hace del presidiario un preso del submundo del delito intramuros asociado a las fuerzas de seguridad. En tal sentido, la diputada Mariel Calchaquí, escribió un artículo tan interesante como escalofriante, cuyos pasajes más sustanciosos y específicos este espacio transcribe en OTRAS VOCES. Imperdible por algunas denuncias. Imperdible para entender el título de este post.

Nadie puede pretender que quien ha incurrido en delito no pague por su culpa. Pero tampoco nadie puede pretender que a quien ha delinquido, o que se presume que ha delinquido, se lo someta a condiciones infrahumanas, se le nieguen derechos elementales, se lo confine a usinas de odio y resentimiento y/o se lo prive de la posibilidad de rencauzarse.

Sin embargo, “ningún preso tiene la vida garantizada”. No son palabras cualquiera ni de cualquiera. Lo afirmó el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; y agregó: “Desde la procuración tenemos registrados más de 360 casos de tortura y ninguna condena judicial. Es necesario hacer un esfuerzo institucional para crear el Mecanismo”, refiriéndose al Mecanismo Nacional Antitortura cuyo tratamiento en plenario de comisiones, en el Congreso de la Nación, quedó recientemente trunco debido a la falta de quórum; algo verdaderamente sorprendente, que, comparado con la nota de Mariel Calchaquí, marca la gran diferencia de compromiso con el tema que existe incluso entre los políticos. Lamentable.

Hace unas horas Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Nacional por la Memoria, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, entre otros, entregaron su Informe Anual 2012, referido a las torturas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Un anticipo del mismo por parte de la diputada nacional Victoria Donda, reveló que: “al menos 235 víctimas denunciaron golpizas, asfixia por submarino, puntazos, cortes, golpes y uso de picana eléctrica; 196 de ellos fueron aislados alguna vez por más 24 horas en pequeñas celdas, sin agua caliente, y de esos, 85 pasaron en promedio por traslados a once cárceles distintas, soportando hacinamiento, falta de agua y colchones, mala alimentación y ausencia de sanitarios”. Y aclara que el infierno penitenciario no es exclusividad de la provincia de Buenos Aires. Se repite en todo el país. Aberrante.

Esperemos que se haga público, se tome conciencia del cambio necesario. Y que se trabaje seria y comprometidamente en él.