COMO GATO PANZA ARRIBA

Entre el ruido que generaron las repercusiones de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la primera irrupción política de Cristina Fernández de Kirchner luego de las mismas, otras cuestiones pasaron bastante desapercibidas para la opinión pública en general. Una de ellas, nada menor para el reacomodamiento de fuerzas que entraña el proyecto de transformación que puso en marcha el Gobierno hace 10 años y al que la corporación mediática dominante (Clarín) ha ofrecido una resistencia inusitada, especialmente por  lo que a ella la afecta de manera específica, es la convocatoria que realizó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a ambos para exponer en una audiencia pública sus respectivas posiciones respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), previo a definir sobre la validez constitucional, entre otras cosas, de los topes de licencias de cable (24) y de la cantidad de abonados (35 % del mercado) que establece la ley.

Todo indicaría que el expediente judicial entró en su recta final, algo para festejar, máxime habiendo transcurrido cuatro años, “fruto de las maniobras judiciales que Clarín despliega (desplegó) para sostener su privilegio y su posición dominante del mercado”, como dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.

Sin embargo, no obsta hacernos una pregunta: ¿por qué la convocatoria? Por “la trascendencia de las cuestiones planteadas” y para “permitir la participación ciudadana” y “favorecer la difusión pública” del debate, argumentó el máximo tribunal en su resolución.

De la trascendencia de las cuestiones planteadas, nadie mediana y seriamente informado puede dudar. Pero aquello de permitir la participación ciudadana y favorecer la difusión pública del debate, parece una tomadura de pelo. Por esos puntos pareciera ser la CSJ la que no está mediana ni seriamente informada; aunque se sepa que no es así, razón por lo que esos argumentos parecieran desprender un tufo...

No puede dejarse de coincidir con la Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a diversas asociaciones que participaron en el debate por la ley, cuando desde allí dicen que “(la CSJ) “debería revisar la historia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nació del pueblo, que fue escrita y avalada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de radiodifusores, comunitarias, cooperativas, micro y pequeñas empresas de arraigo local, de Pueblos Originarios, en miles de audiencias y foros populares”. ¿No fue suficiente participación ciudadana? ¿Cinco amicus curiae por parte, como reglamentó el tribunal para la convocatoria, reemplazarían ese universo de aportes y debate? ¿Tampoco considera que fue suficiente la difusión que tuvo tanto la creación de la norma como su posterior sanción en el Congreso y todo lo que vino después? ¿Una audiencia pública le dará más que aquello?

La verdad parece estar en otra parte. Por un lado, la intención de agotar todas las instancias de debate ¡¿…?! para que nadie le recrimine nada a futuro. Tradúzcase: miedo. Miedo a las consecuencias que puede acarrear el burlar “sin un amortiguador” la innegable voluntad popular; y miedo a desobedecer a los poderosos que integran el club de históricos mandamás, los fierros mediáticos. Por otro  lado, la división de los miembros del tribunal. Tres a favor de la constitucionalidad, tres en contra y un indeciso (¿Enrique Santiago Petracchi?). No habría mayoría para fallar en uno u otro sentido.

¿La fecha para la que fue convocada la audiencia pública (28 de agosto) esconderá algún mensaje? Ese día, Clarín, que se ha defendido como gato panza arriba atacando la cuestión medular de la ley, su sentido antimonopólico, cumple un nuevo aniversario de su fundación. ¿Cuál será el regalito de la CSJ esta vez?