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miércoles, 30 de octubre de 2013

DE FIESTA EN FIESTA



El Congreso el día del fallo de la CSJ

Un día como hoy, en 1983, algunos votábamos por primera vez en la vida. “Se cerraba no sólo la etapa de la dictadura cívico-militar (cívico-militar-eclesiástica, para este espacio) más cruenta de la historia argentina, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen”, comienza diciendo un refrescante (para la memoria) artículo de la agencia Télam, que en OTRAS VOCES se transcribe para recordar, reflexionar y no olvidar qué debemos cuidar y defender los argentinos y por qué.
Este fin de octubre nos trajo días de fiesta. El domingo 27, aunque empañada un poco por coincidir con el aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, una fiesta cívica como lo es cada acto eleccionario. Hoy, la celebración a 30 años de aquellos comicios a los que sobrevendría un ininterrumpido camino de gobiernos democráticos; el período más largo de nuestra historia. Y en su víspera, ayer, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de la constitucionalidad de los artículos en discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Un fallo largamente esperado por todos aquellos conscientes de la significación de la norma, que sorprendió en varios sentidos: por el momento elegido por el máximo tribunal para manifestarse; por esa contundencia (a pesar de no haber sido unánime) que no todos confiaban plenamente que tendría; por esa misma contundencia en contra a la que el Grupo de multimedios Clarín no está acostumbrado ni, se supone, consecuentemente imaginó.
Por esta vez, al menos, la sensatez que debería ser siempre la base de la Justicia, les ganó a los lobbies, a las presiones y al poder económico”, escribió hoy el periodista Washington Uranga. Y para Irina Hauser fue “una de las decisiones más trascendentes y esperadas de la historia judicial de los últimos treinta años”.
Se coincide con ambos. Fue un golpe que se infiere mortal a uno de los poderes económicos, corporativos o fácticos, llámeselos como se quiera, antes intocable. Trinchera y mascarón de proa, simultáneamente, de los demás; e implacable por igual. Recordemos sino aquella frase antológica de Juan Carlos Pugliese, uno de los Ministros de Economía que desfilaron por esa cartera durante el gobierno de Raúl Alfonsín: “Les ofrecí el corazón y me contestaron con el bolsillo”; y Pugliese se tuvo que ir, “el mercado” lo había sentenciado; y al poco tiempo después, seis meses antes de terminar su mandato, el mismísimo Alfonsín. Para el CEO de Clarín, Héctor Magneto, el que hoy debería bajar la cabeza y obedecer, Alfonsín se había constituido en un problema; y así se lo hizo saber, según contó el expresidente en sus memorias.
Seguramente para la Corte la decisión no fue fácil. “Tantos votos personalizados corroboran que fue complejo articular consensos”, opinó Mario Wainfeld. Lo demuestra cómo votó cada miembro de la CSJ: quien la preside, Ricardo Lorenzetti, se inclinó a favor de la constitucionalidad de los cuatro artículos en discusión (1) , igual que Elena Highton de Nolasco, quienes se expresaron en voto conjunto; Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi también, pero cada uno a través de voto propio; Juan Carlos Maqueda votó en disidencia parcial, con voto propio respecto de los artículos 48 y 161 y acompañando a la mayoría en los otros dos; Cármen Argibay, también en disidencia parcial, a favor de la constitucionalidad de la ley en sí pero en contra de la manera de aplicársela a Clarín; y Carlos Fayt, el único que votó en contra de la constitucionalidad de los cuatro artículos. Votó ”yendo aún más allá del impresentable fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial”, opinó algún periodista.
Más allá de eso, al caer la tarde el Congreso se vistió de fiesta. Y la gente festejó a su alrededor, como hace cuatro años, cuando nacía la ley. “Ya no hay más discusión: la ley es constitucional y la vamos a aplicar plenamente”, enfatizó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.
Se ha sorteado un gran obstáculo, queda una inmensa tarea.

(1) Los arts. 41 y 45, que regulan la cantidad de licencias y los propietarios de las mismas; el art. 48, que regula la integración de medios; y el art. 161, que regula los plazos de desinversión para la adecuación.


Festejo en las inmediaciones del Congreso

martes, 20 de agosto de 2013

COMO GATO PANZA ARRIBA

Entre el ruido que generaron las repercusiones de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la primera irrupción política de Cristina Fernández de Kirchner luego de las mismas, otras cuestiones pasaron bastante desapercibidas para la opinión pública en general. Una de ellas, nada menor para el reacomodamiento de fuerzas que entraña el proyecto de transformación que puso en marcha el Gobierno hace 10 años y al que la corporación mediática dominante (Clarín) ha ofrecido una resistencia inusitada, especialmente por  lo que a ella la afecta de manera específica, es la convocatoria que realizó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a ambos para exponer en una audiencia pública sus respectivas posiciones respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), previo a definir sobre la validez constitucional, entre otras cosas, de los topes de licencias de cable (24) y de la cantidad de abonados (35 % del mercado) que establece la ley.
Todo indicaría que el expediente judicial entró en su recta final, algo para festejar, máxime habiendo transcurrido cuatro años, “fruto de las maniobras judiciales que Clarín despliega (desplegó) para sostener su privilegio y su posición dominante del mercado”, como dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.
Sin embargo, no obsta hacernos una pregunta: ¿por qué la convocatoria? Por “la trascendencia de las cuestiones planteadas” y para “permitir la participación ciudadana” y “favorecer la difusión pública” del debate, argumentó el máximo tribunal en su resolución.
De la trascendencia de las cuestiones planteadas, nadie mediana y seriamente informado puede dudar. Pero aquello de permitir la participación ciudadana y favorecer la difusión pública del debate, parece una tomadura de pelo. Por esos puntos pareciera ser la CSJ la que no está mediana ni seriamente informada; aunque se sepa que no es así, razón por lo que esos argumentos parecieran desprender un tufo...
No puede dejarse de coincidir con la Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a diversas asociaciones que participaron en el debate por la ley, cuando desde allí dicen que “(la CSJ) “debería revisar la historia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nació del pueblo, que fue escrita y avalada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de radiodifusores, comunitarias, cooperativas, micro y pequeñas empresas de arraigo local, de Pueblos Originarios, en miles de audiencias y foros populares”. ¿No fue suficiente participación ciudadana? ¿Cinco amicus curiae por parte, como reglamentó el tribunal para la convocatoria, reemplazarían ese universo de aportes y debate? ¿Tampoco considera que fue suficiente la difusión que tuvo tanto la creación de la norma como su posterior sanción en el Congreso y todo lo que vino después? ¿Una audiencia pública le dará más que aquello?
La verdad parece estar en otra parte. Por un lado, la intención de agotar todas las instancias de debate ¡¿…?! para que nadie le recrimine nada a futuro. Tradúzcase: miedo. Miedo a las consecuencias que puede acarrear el burlar “sin un amortiguador” la innegable voluntad popular; y miedo a desobedecer a los poderosos que integran el club de históricos mandamás, los fierros mediáticos. Por otro  lado, la división de los miembros del tribunal. Tres a favor de la constitucionalidad, tres en contra y un indeciso (¿Enrique Santiago Petracchi?). No habría mayoría para fallar en uno u otro sentido.
¿La fecha para la que fue convocada la audiencia pública (28 de agosto) esconderá algún mensaje? Ese día, Clarín, que se ha defendido como gato panza arriba atacando la cuestión medular de la ley, su sentido antimonopólico, cumple un nuevo aniversario de su fundación. ¿Cuál será el regalito de la CSJ esta vez?