Hace tiempo que la oposición perdió el rumbo y renunció al ejercicio de hacer política. Y la prensa, interlocutora del poder fáctico que también integra, ha ocupado su lugar. No le pertenece, pero se apoderó de él.
Desde allí inventa a medida de sus intereses; y algunos repiten y otros festejan. Desde allí comanda; y algunos obedecen. La oposición no es todos los “algunos” pero ese “algunos” abarca a una gran mayoría de ella; mayoría que seguramente niega esa realidad -como niega otras, por mandato-, volviendo tan inútil el intento de preguntarle ¿por qué? como lo sería preguntarle si dejó ese espacio vacío ante la potencia de la fuerza política gobernante y lo ocupó la prensa o si ésta se directamente apropió del mismo, ya sea por imposición o a solicitud.
En cualquiera de los casos, aunque lo niegue, esa mayoría termina cobijándose en el guion que les mandan recitar -a recitar o actuar, según el caso-, respondiendo a ese fenómeno que Gastón Harispe presenta como “el fenómeno cultural que se ha instalado en nuestro país en los últimos años, a partir del cual el periodismo se ha transformado en “el dueño de la verdad”, en “el dedo acusador” y en “juzgador público” de todas las actividades políticas, empresarias, sindicales y/o gubernamentales”.
Sucede desde hace tiempo, como indica Harispe. Los ejemplos abundan; y es lo que nos mostró y una vez más dejó en evidencia la tormenta “democratización de la Justicia”.
Así como certeramente sentencia que “el analfabeto político argentino cree que la prensa es independiente sólo si está en contra del gobierno”, Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en un artículo del día de la fecha también acierta al sostener que “el analfabeto político argentino piensa que la Justicia así como está es un desastre pero intentar cambiarla es violentar su independencia” (1).
Proponer leyes que tiendan a mejorar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial no es violentar la independencia de la Justicia. Es tener conciencia de una necesidad de la que todos han hablado alguna vez y decisión para dar un paso histórico. Paso que debiera darse con la responsabilidad que la oposición se negó y nos negó a todos.
Todo proyecto de ley, incluso toda ley ya sancionada, es perfectible. Para eso hay que estar dispuesto a debatir, confrontar ideas y concepciones. La pregunta pasa por cómo lograrlo con una oposición que pone a la democracia en términos de civilización o barbarie (quien comulga con sus ideas es civilizado y quien no, un bárbaro); una oposición no propositiva, que se acostumbra a manifestarse sólo por la negativa; una oposición que utiliza expresiones que son una invitación a la hoguera, sumándose -y en algunos casos sumando- a mensajes destinados a generar violencia; una oposición que disfraza de debate un sabotaje a cualquier proyecto; una oposición que aborda el tema de una forma más acorde a una campaña electoral que a otra cosa, con discurso incondicional a las construcciones mediáticas.
Y al final… legisladores saltando arriba de sus bancas, un botellazo volando por los aires (diputado puntano Sergio Pansa) en el recinto, una diputada (Graciela Camaño) manoteándole el micrófono al presidente de la Cámara… En suma, diputados priorizando la política del escándalo. ¿Es la única que conocen? Patético. Y peligroso… Así no le sirve a nadie, salvo a aquellos que buscan denodadamente una crisis institucional; quizás un ensayo de nuevas formas de golpe, como ha sucedido varias veces en la región.
La oposición equivocó el camino nuevamente. De hecho, los proyectos fueron aprobados. Por una muy ajustada diferencia, pero aprobadas. Y sus retoques / modificaciones provinieron desde afuera (Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales del país) y, excepto alguna excepción, desde la oposición.
¡Una brújula para la oposición, por favor!
(1) La trampa argumental mediática-opositora giró, principalmente, alrededor de la independencia del Poder Judicial. Sólo tres ejemplos: Jorge Horacio Gentile, ex diputado de la Nación, tituló una nota: “La independencia de la Justicia se va al descenso”; Jorge R. Enríquez: “Asalto final a la independencia de los jueces”; y Laura Grindetti, Consejera de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Pro, sostiene: “nuestro sistema republicano de gobierno, requiere del respeto irrestricto de la independencia de los magistrados que deben permanecer ajenos a las influencias y presiones de cualquier origen y color político para un efectivo ejercicio de su función de control de poder (¡¿…?!) y una adecuada administración de justicia”
Véase la excelente exposición (“Democracia, el papel de las mayorías y el poder judicial: no todo es como lo cuentan”) que Guillermo A. Makin, politólogo argentino radicado en el Reino Unido, hace sobre el tema y que EL GUARDAFARO transcribe en “OTRAS VOCES”.
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