martes, 25 de septiembre de 2012

PALABRAS CRUZADAS


Semana extraña la que pasó… Varios temas -que remiten a uno solo, central-, muchas voces... Una mezcla aparentemente casual de unos y otras que enrarece la atmósfera política. En realidad, casi nada casual, ingenuo ni inocente. Cruce de palabras que no son un cándido juego de palabras cruzadas. Posiblemente preludio de tiempos cada vez más turbulentos.
Un Gobierno tratando de imponer la agenda mediática a fuerza de llevar la delantera, sorprender con iniciativas, como lo viene logrando en las últimas semanas; los comunicadores de siempre contratacando, sin tregua, para recuperar ese sitial perdido (la agenda), conservar a ultranza otro (la plataforma desde la que operan), y conquistar algún o algunos más según se lo permitan las circunstancias y su olfato; y una oposición que continúa desmembrada, atendiendo cada uno su juego -o el que le manden jugar-, con libro de pases abierto pero sin encontrar catalizador, o, quizás por exceso de personalismos, sin voluntad verdadera de encontrarlo.
Los ecos de la movilización del 13 de septiembre, continuaron. Los más radicalizados, tironeándola para quedarse unos con el trofeo de un supuesto punto de inflexión de un modelo pretendidamente agotado, magnificando el caceroleo, y otros, minimizándolo. En el medio, echando mano a la cordura, unos pocos continuaron dedicándose a analizarlo sin fundamentalismos.
Antes de esa fecha, cuando se convocaba a la protesta, sin ahondar en el motivo aquí se dijo que la movilización debería llamarse: “Faltan 85 días”. El título respondía calladamente a los que se consideraban el “porqué” y el “quién” ocultos de la convocatoria. El “porqué” recién estrenado, que se sumaba a otros pero tiene peso propio determinante: el entonces reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que pone límite a las maniobras elusivas del leguleyo Grupo de multimedios Clarín, disponiendo que el próximo 7 de diciembre deberá entrar plenamente en vigencia el artículo 161 de  la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA); ley aprobada en octubre de 2009 por abrumadora mayoría; artículo que establece el máximo de licencias posibles para cada licenciatario. El “quién”, surge a las claras.
Pasada la protesta el fuego cruzado entre el Gobierno y el multimedios puso eje en el tema, ya sin camuflaje. Un primer golpe dado por el Gobierno, para ir precalentando, fue nombrar al alineado diputado nacional Martín Sabbatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Algo que puso inmediatamente en funcionamiento la máquina de estigmatizar. Abrió paso a la adjudicación de otra desopilante categoría a la gestión kirchnerista -y en este caso, también para Sabbatella-, por parte de quienes se enardecieron ¡¿…?! por la designación: stalinista. Es que el inexperto en comunicaciones -uno de los argumentos usados para denostarlo-, al frente del Municipio de Morón entre otras cosas demostró ser experto en desarticular mafias. ¿Será eso lo que resulta peligroso, o simplemente lo es su condición de joven? Por lo menos esta vez se ahorraron la vergüenza de descubrirse ignorantes y decir que era “oriundo del” (stalinismo), como no sucedió con el multifuncional viceministro de Economía, Axel Kicillof, también joven, cuando quisieron emparentarlo con el marxismo.
Evidentemente existe una derecha recalcitrante que brama sanguinolenta, que tiene como programa / objetivo provocar como mínimo una lectura equivocada de la realidad, infectar el humor social y exacerbar la violencia. Un sector del que hay que cuidarse porque no demuestra inconveniente en arrasar con las instituciones con tal de conservar privilegios. Aunque sean ilegales.
En el segundo de sus golpes el Gobierno, que rara vez se retrae, fue más directo todavía. Lanzó un spot televisivo mediante el cual explica sin ambages la situación. Y el multimedios respondió como suele hacerlo en estos casos, victimizándose y mintiendo; en tanto algún esbirro no oculta la absurda intención de reeditar -con el propósito de confundir a los distraídos- una discusión ya saldada con la sanción de la ley.
La primera duda que se presenta es si el 7 de diciembre debe haberse cumplido la desinversión o comienzan a correr los plazos para hacerlo. Primera de una constelación de interrogantes, por lo que cualquier pronóstico del tema anticipa fuertes tormentas sobre aguas nuevamente divididas: los que están a uno y otro lado del Derecho social de acceso a la información. Muertos políticos incluidos.


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