SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Hace casi exactamente tres años Manuel Zelaya fue desplazado de la presidencia de Honduras. El viernes pasado le tocó a Fernando Lugo, de Paraguay. Los sectores influyentes de la sociedad se los querían sacar de encima, tanto a uno como a otro.

Zelaya, un terrateniente y conservador que asumió la presidencia por el Partido Liberal y giró a la izquierda. Algo que no le perdonaron. Sus pecados en lo político: el acercamiento a Venezuela, su apoyo enfático a que Cuba regresara a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su posición crítica hacia los EEUU; y en lo comercial: haber reorientado el comercio exterior a través de nuevos acuerdos, alejándose del tratado de libre comercio que proponía el ALCA -aquel al que Sudamérica le firmó la sentencia de muerte en Mar del Plata, en noviembre de 2005-.

Lugo, un ex obispo católico que interrumpió 60 años de continuidad del Partido Colorado en el gobierno, sin estructura sólida propia y aliado a quienes finalmente lo traicionaron: el Partido Blanco. Liberales, ellos. Quizás deba leerse que una de las mayores molestias que estaba causando la gestión es la reforma agraria que implementó a medias con la intención de hacer de su país una tierra más justa⁽¹⁾; un avance sobre el latifundio consolidado durante el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, donde el 2,6% de los propietarios de las tierras concentra el 85,5% de las mismas.

Aunque el detonante del derrocamiento de Zelaya fue haber apartado del cargo al Jefe Militar por hacer desaparecer la documentación del plebiscito no vinculante que abriría la puerta -así se preveía- a una futura reelección del mandatario, el golpe no fue una típica asonada militar. La Corte Suprema, el Congreso, la Iglesia, el empresariado y los medios de comunicación se confabularon con uniformados para truncar su mandato; un golpe algo perfeccionado y pretendidamente maquillado.

Si se quiere, con Lugo intentaron algo más refinado. No hubo en el medio ninguna cuestión con algún militar capacitado profesionalmente en la Escuela de las Américas⁽²⁾. El desencadenante: una masacre de campesinos y fuerzas de seguridad que, sospechosamente, se pretende instalar como un “enfrentamiento” atado a la inverosímil condición de “guerrilleros” de los primeros. Con esa excusa se orquestó una parodia de juicio político que duró sólo unas horas, calificado como “juicio express” por la opinión pública internacional, preparado en sólo un par de días con argumentos tan ambiguos como refutables, sin pruebas, final anunciado y sin posibilidad de defensa. “Lo defenestraron en un trámite acelerado sin decoro ni respeto –así fuera ritual– por el derecho de defensa, una ostentación salvaje de impunidad y alevosía antirrepublicana”, se escribió por ahí.

En ambos casos, golpe destituyente.

La primera gran diferencia fue la salida de los mandatarios tras los hechos. A Fernando Lugo la comunicaron la decisión del Congreso, aceptó (“para evitar un derramamiento de sangre”, explicaría luego), dirigió un mensaje impecable al pueblo y se marchó. Con Manuel Zelaya, en cambio, los militares ingresaron violentamente a su residencia y lo sacaron en pijamas y a punta de pistola para luego subirlo al avión que lo deportaría a Nicaragua.

Otra gran diferencia la constituye la reacción de los ciudadanos. En Honduras hubo resistencia popular a las autoridades de facto. Las manifestaciones callejeras y los cortes de calles y rutas se multiplicaron; y la represión también⁽³⁾. En cambio, en nuestro país vecino, “luego de dos días de convulsión política, Asunción (ciudad Capital) despertó cobijada por una normalidad sorpresiva. Acaso no hay rastro alguno que indique que aquí ha sucedido un golpe de Estado”, escribió desde allí Lorena Soler, socióloga del Conicet. Quizás sea sólo inacción inicial.

La que sí reaccionó fue la comunidad internacional. Excepto Canadá, España y Alemania, hasta el momento ningún gobierno reconoció al írrito impuesto en Paraguay. ¡Y el Vaticano también…! ¿Qué decir del Vaticano…? La Iglesia y los medios de comunicación paraguayos, en esta oportunidad, tampoco fueron ajenos a los sucesos. La primera mandó un emisario a ver a Lugo para pedirle su renuncia un día antes de ser derrocado. Los segundos, mucho más concentrados que en cualquier otro país del continente⁽⁴⁾, luego de 48 horas de transmisión en vivo retomaron su programación habitual; y a la televisión pública, de apenas seis meses de vida, donde se manifiestan abiertamente quienes se resisten a los flamantes interventores y su prohibición de emitir protestas, le cortaron la fibra óptica. Puede verse únicamente en el exterior, por Internet.

En Argentina el repudio al quiebre del estado democrático fue generalizado. Igual que en todos los países de América del Sur, los cuales no reconocieron a sus nuevas autoridades y retiraron embajadores. Los más firmes hablaron de expulsión de Paraguay del Mercosur y de la Unasur. Incluso Venezuela prometió no proveerle más petróleo. Los más tibios: Chile y Colombia.

Cuando el golpe de Honduras, la ONU y la OEA repudiaron por unanimidad lo sucedido y, adicionalmente, la OEA sancionó al país apartándolo del organismo. Pero Manuel Zelaya pudo volver a su país recién dos años después, cuando ya se habían celebrado tan nuevas como dudosas elecciones. En Paraguay, el compañero de fórmula de Lugo, ahora pretendidamente Presidente, Federico Franco, prometió respetar la fecha de elecciones previstas para el próximo mes de abril. No vaya a suceder lo de Porfirio Lobo en Honduras.

Las medidas y cursos de acción que se decidan en la Cumbre del Mercosur, a celebrarse a partir del jueves, en Mendoza, deberían poder leerse como la unión de América Latina para defender la corriente progresista instalada en la región e impedir el retroceso del reloj político a los años 80. No ha de perderse de vista la situación que por estos días vive Bolivia. ¿Pura coincidencia?

⁽¹⁾ Paraguay es considerado uno de los 10 países más desiguales del planeta.

⁽²⁾ Lugar donde se adiestró y entrenó en métodos de tortura, asesinato y represión a miles de represores de toda Latinoamérica. Desde 1946 a 1984 funcionó en Panamá. Allí se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por sus crímenes contra la humanidad.

⁽³⁾ Reporteros sin Fronteras denuncia que 23 periodistas y 70 abogados fueron asesinados.

⁽⁴⁾ El 95% de los medios corresponden a 4 operadores.