“La expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol convertirá al Estado Nacional en accionista de un conjunto de empresas y proyectos donde la petrolera tiene participación… El alcance de la expropiación excede las fronteras nacionales y el sector de hidrocarburos… “, indica el completo artículo en el que el periodista Tomás Lukin “puso en evidencia la integración productiva a lo largo y ancho de la cadena de producción con la que cuenta la petrolera”. Un tema no tratado en demasía por los medios de comunicación, que habla de brazos que se extienden por todos los negocios vinculados al petróleo y alcanzan al del gas, la electricidad y hasta el de la producción de fertilizantes.
La pregunta que surge luego de leerlo es ¿cómo no iba a patalear y amenazar Repsol al verse privado de un plumazo de la llave de acceso a –o a una parte de- semejante universo de negocios? Más aún si conoció y entró al de la exploración y explotación de petróleo de la mano de YPF.
¿Y cómo no lo cuidó? Es que para el capitalismo salvaje no existen banderas, sólo negocios. Solamente cuentan los intereses propios. En una interpretación muy particular de aquello acerca de que la caridad bien entendida empieza por casa, Repsol creció en el negocio fuera del país invirtiendo las utilidades obtenidas aquí donde consideró que más le convenía. No reinvirtiendo en estas tierras.
Hoy la multinacional española está presente en 14 países de América latina y el Caribe, 8 africanos, 6 europeos y 4 asiáticos; e YPF hizo su aporte a la causa. Fue utilizada para solventar la expansión internacional y la exploración en otras latitudes. Sabiendo esto y otras cosas cobra más sentido la declaración del viceministro de economía, Axel Kicillof, en el Senado: "Qué van a entender estos empresarios lo que estamos haciendo en Argentina cuando están pensando en la expansión de un grupo que lo ha hecho con los dividendos que les dio nuestra compañía”.
En los años ’90 YPF se privatizó por unos 7.800 mill de USD y desde entonces Repsol giró dividendos por más de 13.200 de los 16.450 mill de utilidades que obtuvo en la misma moneda desde el año 1999, en tanto la inversión en exploración sólo alcanzó el 1,95% respecto de los ingresos obtenidos haciendo que tanto la producción como las reservas de petróleo y gas disminuyeran drásticamente. Por ejemplo, de 50% y 48% a 14% y 18%, respectivamente, en el último de los casos.
¿Acaso no imaginaban los directivos que le quitarían el chupetín? La respuesta es un contundente ¡sí! De hecho Antonio Gomis, director general en Argentina, ya en noviembre del año pasado se desprendió de 2/3 de las acciones que había acumulado de Repsol. Seguramente previendo lo que vendría, su derrumbe, embolsó por entonces algo así como 208.000 euros, según publicó la revista americana Financial Times. Ello sólo algunos días después de que el director por el Estado Nacional en YPF, Roberto Baratta, dejó en claro que el Gobierno se opondría a la aprobación de las Memorias y Estados contables de la empresa; 3 meses antes que ese mismo representante viera impedida su participación en la reunión de Directorio en la que se evaluarían los resultados y acciones de la empresa durante 2011; meses antes que las provincias comenzaran a exigirle a la empresa mayor producción primero y a revertirle áreas concesionadas después, porque, en conjunto, vieron disminuidas sus regalías en más de 1.000 mill al año.
Pensar que no imaginaban consecuencias sería pecar de ingenuos. En todo caso, se confiaron de estar ante un Estado bobo y exprimieron lo más que les fue posible hacerlo; y hoy, Antonio Brufau Niubó, CEO de Repsol, perdido por perdido, trata de que el fin de cuento resulte el último gran negocio para la empresa reclamando un precio desorbitado por las acciones que le expropiaron. Aunque todos los analistas parecen coincidir en que, a pesar de su inmenso poderío, tendría perdida la batalla. Hay antecedentes.
¿Cómo no esperar una conducta así de la multinacional española si su presencia ha estado a menudo salpicada de escándalos y acusaciones? Según escribe desde Madrid el periodista Roberto Montoya, el Tribunal Permanente de los Pueblos (1) condenó en 2007 a Repsol por violación de derechos humanos y atentado contra el planeta. También se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico; de facilitar ayuda financiera a grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad; o de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno reprima cualquier tipo de conflictividad social.
Hasta en el propio territorio español se ha lanzado la campaña ciudadana en contra, ante el intento de la compañía por iniciar explotaciones que pondrían en peligro varios espacios naturales protegidos cerca de las islas Lanzarote y Fuerteventura. ¿Lograrán evitar que hinque sus garras? Las áreas naturales protegidas, de importancia internacional, no son obstáculo para saciar su sed de lucro. Lo demuestran sus actividades en 5 Parques Nacionales y Reservas de Bolivia; el Parque Nacional Yasuní en Ecuador y la Reserva Llancanelo en Argentina.
“Repsol, que de no tener materia prima en su país se extendió como una mancha de petróleo sobre gran parte del continente de América del Sur y de África, ha sido acusada por propios y extraños de generar un alto costo económico, ecológico y social en los países donde ha desembarcado”, sostiene el periodista Alejandro San Martín. En Argentina, además de las demandas judiciales con sentencia firme que perdió, actualmente la empresa enfrenta al menos 4 causas por contaminación que se traducen en reclamos millonarios en dólares. En alguno de ellos la consultora alemana Umweltschutz estimó que los trabajos remediación de la superficie afectada llevarán, por los menos, 20 años.
Bastó el voto de 120 Diputados para privatizar YPF durante la gestión del ex Presidente Carlos Menem. La ley recientemente promulgada dispone: “queda prohibida la transferencia futura de acciones sin la autorización del Congreso, votada por las dos terceras partes de sus miembros”. Misma condición que para una reforma constitucional. ¡¿Y cómo no aprender?!
(1) Organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.
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