Las hipotecas subprime son hipotecas consideradas de riesgo por quien la concede, orientadas a una clientela que, por diversos motivos, no reúne las condiciones que la plaza bancaria exige para otorgar ese tipo de crédito. Quienes se dedican a este negocio son organizaciones financieras que aplican una tasa de interés superior a la del mercado; negocio bastante rentable en escenarios de tipos de interés bajos, porque el cliente tiene siempre la intención de pagar y no perder su casa, al igual que los deudores comunes. Dado que no existen avales, el problema viene cuando los tiempos no acompañan.
Como las hipotecas subprime pueden ser objeto de compra-venta mediante bonos o titularizaciones de crédito, las entidades concesionarias las transferían bajo esos instrumentos. Los compradores: fondos de inversión, planes de pensiones, bancos y particulares.
Primera mutación.
La crisis hipotecaria se hizo presente con el crecimiento de los índices de morosidad. Tuvo su origen en la burbuja especulativa ligada a los activos inmobiliarios que se generó por la liquidez sin precedentes del período 2001-2007; su germen en la codicia por las tasas de interés muy superiores a las del mercado; su caldo de cultivo en la incorrecta valoración de los riesgos, la sobrevaluación de los inmuebles hipotecados y, en algunos casos, los plazos de repago que excedían el ciclo natural de vida de los deudores; y la trampa en la escasa información a los inversores y la falta de mecanismos que permitieran visualizar a tiempo situaciones irregulares.
Una vez declarada, la crisis mutó a financiera. Primero afectó al sistema estadounidense y después al internacional. Se tradujo en quiebras, derrumbes bursátiles y deterioro de la economía global.
Según George Soros -gurú de las finanzas, ahora retirado- el estallido de la crisis financiera de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007, momento en el que los bancos centrales decidieron intervenir inyectando fondos a los bancos.
Esas primeras ayudas no resolvieron la iliquidez. Los mercados de crédito en general se paralizaron; los interbancarios también, toda vez que nadie sabía cuántos malos préstamos podrían tener en cartera los tomadores. Y como la falta de crédito traía consigo la amenaza de recesión, más quiebras, desempleo y, consecuentemente, incremento del costo de la vida, las autoridades económicas recurrieron a otras medidas adicionales tendientes a mantener la solvencia, restablecer la confianza entre -y en- las entidades bancarias y financieras y tranquilizar a las bolsas y a los ahorristas. ¿Cuáles? Nacionalización de bancos, ampliación de la garantía de los depósitos y creación de fondos para la compra de Activos dañados.
Las agencias en el ojo de la tormenta.
Esta crisis comenzó a formar parte del temario del Grupo de los 20 (G-20); grupo de países que, en conjunto, representan el 85% de la economía mundial. Y lo mismo sucedió con las agencias calificadoras de riesgo; o “agencias descalificadoras”, como las rebautizó la presidente argentina en una de las cumbres, aunque por cuestiones relacionadas con la deuda argentina. En este caso fueron sentadas en el banquillo de los acusados por su pésimo desempeño, tanto para calificar las deudas como para prever la eclosión.
Con relación a la calificación de las deudas, por ejemplo, los ex empleados de Moody’s denunciaron connivencia con los bancos. Moody’s se equivocó groseramente en la nota a títulos vinculados con préstamos inmobiliarios; durante el 2006 atribuyó riesgo cero (nota “AAA”) a más de 9.000 títulos que representaban unos 869.000 millones de dólares, y sólo el 17% de ellos logró mantener ese status..
La mayor demostración de cinismo la brindó Warren Buffet, el principal accionista de Moody’s (13% de las acciones), quien aseguró que no utiliza las calificaciones para sus inversiones sino que, para lograr buenos negocios, deposita su confianza en las equivocaciones de la agencia.
Con relación a la incapacidad -¿…?- para prever la eclosión, por ejemplo, las rebajas en las notas de parte de las agencias se conocieron siempre después de que alguno de los emisores de la deuda calificada denunciaba la imposibilidad de afrontar sus compromisos; o declaraba su bancarrota.
Hay quienes coinciden en que uno de los costados débiles de las agencias es el conflicto de intereses que se plantea por el simple hecho que la calificación la paga el emisor del título. En tal sentido, en algún momento se sugirió que las calificaciones deberían pagarlas quienes compran los títulos y no quienes los emiten. Pero la idea no prosperó -¡¿…?!-.
La 3ra parte de esta nota se publicará el viernes 26 de agosto
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