DE ESTALLIDO EN ESTALLIDO

¿Se puede pasar de un arrebato de optimismo exagerado a otro de frenesí, de un estallido a otro, sin paradas intermedias, en menos de 48 horas? Sí. Requisito número 1: pertenecer a una oposición rabiosa por impotente y mezquina por mendaz; requisito número 2: que el recorrido envenenado parta de la lectura tan forzada como malintencionada del resultado de unos comicios y la estación terminal sea un fallo de la Justicia, adverso a los raptores de la ética y la conciencia del viajero.

La semana que termina nos brindó la posibilidad de ser testigos de ese patético tour. Inesperado… Inesperado para todos. Sobre todo para los protagonistas.

Todo comenzó tras el escrutinio de las elecciones de medio término con la bravuconada / ilusión de considerarlas el certificado de defunción de un ciclo que insisten en presentar como acabado. Es cierto que el kirchnerismo fue superado en los distritos que se consideran más representativos y eso debería llamarlo a la reflexión, pero también es cierto que en los más importantes (provincia y ciudad de Buenos Aires) incrementó sus propios guarismos de agosto; que ganó en otros que le eran adversos; que continúa siendo, por lejos, la alternativa política más fuerte a nivel nacional.

A la hora de contar los porotos, no sólo mantiene las bancas que puso en juego sino que sumó más. A partir del 10 de diciembre tendrá garantizado el quórum en ambas Cámaras. Y faltan dos años…

Lo que nunca antes imaginaron sus detractores es que serían arrojados por el destino al segundo de los escenarios, interrumpiendo la representación en cartelera. Y debieron reforzar promesas previas de almas entregadas, algunos improvisando y otros no tanto, pero desnudándose ante el público cuando el libreto transitaba por lugares que no lo preveía, la obra original todavía no lo exigía y el momento no lo aconsejaba. En suma, exponiéndose anticipadamente más de la cuenta.

A algunos no les importó demasiado. Está quien prometió impulsar el juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); también en reincidir en denuncias epistolares ante quienes son de palo, fronteras afuera. También quienes amenazaron con recurrir a la Justicia para que frene la implementación de la ley que seis de los siete miembros del máximo tribunal acaban de declarar constitucional en su totalidad; o quien prometió modificar la norma cuando sea presidente… Todo ello, y más, allende diatribas y mentiras por parte de otros que se dicen políticos y claman por el respeto a las instituciones, como los anteriores, y de las múltiples destilerías de odio puestas en jaque.

A propósito de la intención de acudir al sistema interamericano de derechos humanos expresada por el Grupo multimediático Clarín, la secretaria letrada de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y exvicedirectora del Centro  de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak, ilustra: 1) la ley en cuestión “cumple con los estándares de libertad de expresión establecidos en el sistema interamericano”; 2) “los sistemas de protección de derechos humanos buscan proteger derechos humanos, esto es, derechos de personas físicas, no de empresas”. Dicho esto, se supone que cualquier presentación ni siquiera pasaría los requisitos de su admisibilidad formal.

Advierte, además: “El próximo viernes (por hoy) algunos periodistas de los grandes multimedios argentinos participarán de una audiencia ante la Comisión Interamericana para tratar “cuestiones referentes a la situación general de la libertad de expresión en la Argentina”. Es probable que desde los mismos multimedios se intente vincular este encuentro con el fallo dictado por la Corte Suprema sobre la LSCA. Sin embargo, nada tienen que ver. La audiencia no se vincula con ningún caso concreto de violaciones de derechos humanos en Argentina, sino que representa una respuesta de la CIDH a los insistentes pedidos de algunos periodistas para llevar al escenario internacional el discurso victimizante que reproducen desde hace años sin ningún tipo de restricción por los principales canales de televisión, radios, portales de noticias, diarios y revistas de nuestro país”.

Una vez más, a la hora de contar los  porotos, como lo expresó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, la ley es constitucional y debe ser aplicada plenamente.

Ahora, habrá que ver qué chicanas sacarán de su manga.

HOY COMO AYER

-“¿Está Ud. fatigado, compañero?”, preguntó don Vicente López a Mariano Moreno, que en la sesión del Cabildo Abierto ⁽¹⁾ del 22 de mayo no había pedido la palabra.

-“Estoy caviloso y muy inquieto”, respondió el interpelado.

-“Por qué, si todo nos ha salido bien”.

-“No amigo; yo he votado con ustedes por la insistencia y majadería de Martín Rodríguez, pero tenía mis sospechas de que el Cabildo podía traicionarnos. Acabo de saberlo; y si no nos prevenimos, los godos nos van a ahorcar antes de poco. Tenemos muchos enemigos y algunos andan entre nosotros y quizás sean los primeros en echarnos el guante”.

Sus palabras fueron una premonición. Mariano Moreno fue la primera víctima de los que, amparándose en la revolución triunfante, en realidad resistían todo cambio de fondo.

Ese 22 de mayo se había delegado la elección de la autoridad en el Cabildo, y éste, dos días después, dejó a Cisneros al frente del gobierno, secundado por cuatro “vecinos honorables”, de los cuales solo uno era un patriota auténtico: Juan José Castelli. Una fórmula fraudulenta toda vez que el Cabildo Abierto había aprobado la cesación de Cisneros por 155 votos contra 69. Moreno no se había equivocado.

No es que el 25 el pueblo se reunió porque “quería saber de qué se trataba”, sino que se volcó a la plaza para rechazar la decisión del Cabildo. Tampoco que los chisperos (Domingo) French y (Antonio Luis) Berutti repartían escarapelas entre los curiosos, sino cintas que identificaban a los patriotas, los amigos de la revolución, a manera de distintivo.

Las irrupciones de portavoces populares en la sala capitular hicieron que algunos funcionarios coloniales propusieran apelar a la fuerza pública, pero los jefes de las milicias no respondieron. Moreno y Castelli recorrían los cuarteles para garantizar el apoyo de las armas a la revolución. Y en la plaza se recogieron más de 1000 firmas de vecinos sosteniendo los nombres de los ciudadanos que proponían para conformar la Junta de gobierno patriótica.

Cisneros se vio obligado a renunciar y la fórmula surgida del categórico pronunciamiento popular tomó el timón.

Lo anterior es un extracto de parte de los sucesos de la Revolución de Mayo de 1810, chispa de nuestra independencia, que generalmente no se encuentran así tratados en la historia edulcorada -no por equivocación ni  inocentemente- de los Manuales con los que fuimos instruidas muchas generaciones. Pueden considerarse parte del revisionismo histórico, siempre tan resistido.

Ese pequeño tramo de nuestra historia, como cualquier otro que se quiera de ella, hasta el presente, demuestra que trampas y defecciones, en crudo o maquilladas, a la luz o en sombras, son moneda corriente en todo proyecto de transformación que amenace el statu quo; sobre todo si, intentando corregir desequilibrios, incomoda a sectores privilegiados. Sean cual fueren los desequilibrios. Sea cual fuere el privilegio, que muchas veces por haberse mantenido constante en el tiempo habrá quienes lo consideren natural; y hasta justo; pretendidamente inalterable. Ni hablar tratándose de sórdidos intereses; los “bastardeados apetitos” a los que aludió José Ingenieros en su obra.

Ese pequeño tramo de nuestra historia también demuestra que todo proyecto político que desafíe “las resistencias inmorales que apuntalan el pasado” (otra de Ingenieros) requiere de convicciones, compromiso, decisión y coraje.

Mañana, 28 de agosto, será la audiencia pública por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el Gobierno y la corporación mediática dominante expongan sus respectivas posiciones respecto de la norma resistida por la segunda. Será el momento de hacerle saber al máximo tribunal, antes de que se expida, que, hoy como ayer, el pueblo sabe de qué se trata. Por lo menos aquella parte del pueblo que no vive el presente pensando como en el pasado, que no es ingenuo ni está desprevenido, que no se deja engañar ni confundir, que sabe lo que quiere. Sin medias tintas.

 

⁽¹⁾ Según Juan Agustín García, en la Revolución de Mayo “el Cabildo Abierto fue un instrumento del pueblo salido de su órbita  constitucional para servir la causa revolucionaria”.

Napoleón Bonaparte había destronado al monarca español. Consecuentemente, en estas tierras se extendió aún más el sentimiento de autonomía entre quienes ya querían y pregonaban terminar con el sofocante dominio español. Fue infructuoso el empeño del virrey Cisneros en tratar de ocultar los sucesos e infructuosa su negativa inicial al pedido de Manuel Belgrano y Cornelio Saavedra: la urgente convocatoria de un Cabildo Abierto para que el pueblo resolviera qué hacer. Infructuosas también la manipulación para que en ese congreso general se decidiera a favor de la continuidad de su gobierno.

Fuente: “Febo asoma”, de Jorge Correa; DIRPLE Ediciones (1999)

"Sueño con una Argentina lo suficientemente informada para que nadie vuelva a meterles el perro" (Cristina Fernández de Kirchner; 21 de agosto de 2013).

INTRÍNGULIS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe dictaminar en ultimísima instancia, ya en forma inapelable, sobre la constitucionalidad de los aspectos que la corporación mediática dominante objeta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), convocó a las partes a una audiencia pública -audiencia pública no tan pública, pero no importa-. Es decir, haciendo uso de un instrumento tan valorable cuando se trata de dirimir cuestiones que afectan a la -o a una- comunidad puso en un pie de igualdad al Estado nacional con un Grupo económico por un reclamo estrictamente particular. Objetable. Tanto, que en el último post este espacio ya especuló sobre los eventuales por qué de lo que considera una degradación de esa herramienta.

El peor de los escenarios: una trampa tendida a la voluntad popular. Otro, no demasiado menos preocupante: una solución de compromiso; una decisión tomada por no haber mayoría para fallar en uno u otro sentido. En ningún caso se trata de fantasmas. Los miembros de esta CSJ ya han mostrado que son permeables al poder fáctico…

El que debe expedirse es el mismo tribunal, los mismos nombres y apellidos que no se pronuncian sobre la medida cautelar que en junio de 2009 ella misma ordenó reponer, a favor del diario La Nación, el socio del multimedio Clarín en la aparentemente malhabida “adquisición” -a base de tortura y sangre, ahora en investigación judicial- de la empresa Papel Prensa, monopolio de la producción y comercialización del papel de diario. Medida cautelar que goza desde octubre de 2003, computando las contribuciones patronales como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), razón por la cual ya debe a la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) -es decir, a todos los argentinos- la módica suma de casi 300 mill de pesos ⁽¹⁾. Coincidentemente, Carlos S. Fayt, que a pesar de sus 95 años es uno de los ministros de esa CSJ aunque la Constitución Nacional no lo permite , es cuñado del miembro del directorio de La Nación José Claudio Escribano; aquel que firmó el editorial del 15 de mayo de 2003 que decía que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”, en clara referencia a la inminente asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación Argentina.

El que debe expedirse es el mismo tribunal, los mismos nombres y apellidos -excepto su presidente, Ricardo L. Lorenzetti, y el ministro Raúl Zaffaroni, que firmaron en disidencia- que protegen a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Recientemente ratificaron el fallo de la Cámara integrada por Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, la misma de las cautelares en contra de la LSCA y a favor de Clarín, al considerar que “según surge de los antecedentes, los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional fueron presentados de modo extemporáneo y, por consiguiente, ha sido bien denegado”. Ello, a pesar de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo en su dictamen -y argumentó por qué- que la Cámara “violó la garantía de defensa en juicio del Estado Nacional”. La SRA por ahora seguirá usufructuando un predio, fruto de una operación teñida de peculado ⁽²⁾.

Los miembros de esta CSJ ya han mostrado que son permeables al poder fáctico. ¿Cómo será esta vez? ¿Serán capaces de respetar el reacomodamiento de fuerzas que la ciudadanía viene apoyando en las urnas una y otra vez en la última década? ¿Será necesario recordarles que hasta los íconos del libre mercado, de la economía más liberal, tienen leyes antimonopólicas?

“Si fallaran a favor de la constitucionalidad de la ley dejarían abierto un gran espacio para que se discutan otros poderes fácticos tan monopólicos como Clarín”, sostuvo Eduardo Anguita en una nota del domingo. Es cierto. Tanto como la enumeración que ensaya y como que, entonces, la LSCA no es (no debiera ser) un fin en sí mismo sino un medio. Y es en este punto donde encaja perfectamente una pregunta que se hizo alguna vez Mario Wainfeld en una de sus notas: ¿”cuáles son los límites democráticos que admitirá un poder fáctico enardecido y desatado” (en caso de un fallo que le sea desfavorable)?

Un verdadero intríngulis. ¿Estará la CSJ a la altura de las circunstancias?

⁽¹⁾ La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria. En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga. Su decreto de necesidad y urgencia 746, del 28 de marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses. En julio de 2003 venció el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que ya sopló sus primeras diez velitas. (Extracto de la nota de Horacio Verbitsky – Página 12; 06/enero/2013)

⁽²⁾ El 20 de diciembre de 1991, por Decreto 2699 se aprobó el boleto de compraventa suscripto entre el Estado Nacional y la Sociedad Rural Argentina (SRA) por el cual ésta adquirió el Predio Ferial de Palermo. La operación se realizó por el sistema de contratación directa, al precio de 30 U$Smill. y pago en cuotas que llegaban hasta 1994, contrariamente a lo establecido en Decretos 407/91 y 2137/91 que regulaban el procedimiento de enajenación de inmuebles de Estado. Entre otras medidas, éstos disponían que las ventas se efectuarían únicamente mediante remate o licitación pública, debiendo integrarse la totalidad del precio de venta dentro de los 15 días de aprobada la operación por la autoridad competente. Debido a ello y a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación aseguró en 2010 que la tasación del inmueble, según valores al 20 de diciembre de 1991, al contado y desocupado, era de 63,6 U$Smill, a través del Decreto 2552/2012 el Gobierno revocó el 2699/1991 y todos aquellos actos dictados en su consecuencia, resolviendo hacerse cargo nuevamente del inmueble. La SRA solicitó a la Justicia una cautelar contra la medida. La obtuvo. Es aquella sobre la cual la CSJ acaba de expedirse.