Los medios de comunicación gráficos, en cualquiera de sus tipos, son tan formadores de opinión como los audiovisuales. Todos tienen derecho a participar del sector para manifestarse; también a acceder en igualdad de condiciones a su materia prima, el papel. Esto último no sucede. En la Argentina existe un solo proveedor de papel de diario -Papel Prensa- con prácticas, aparentemente, de abuso de mercado por parte de sus accionistas mayoritarios. Y el Gobierno Nacional tomó la decisión de actuar.
Pateando el tablero por segunda vez.
En agosto de 2010 envió al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley que pretende considerar insumo estratégico para los medios gráficos al papel, y declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario; así también su distribución y comercialización. Adicionalmente, la futura ley encomendaría al Poder Ejecutivo realizar un marco regulatorio de ese insumo, con premisas de tratamiento igualitario para todos los diarios en precio, condiciones y cantidad.
“Este Gobierno quiere controlar la producción de papel como antesala al control total de la prensa. Al mejor estilo ‘chavista’, su intención es amordazar a la prensa de nuestro país… se están violando de manera despótica los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad privada” es el más absurdo de los comentarios que leí al respecto. En este caso proveniente de un legislador porteño (Juan Pablo Arenaza, de Unión por todos) quien, evidentemente, no debe tener conocimiento de la existencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en noviembre de 1969 y en vigencia desde julio de 1978, cuyos Estados partes, según reza, se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”.
Para la Argentina tiene rango constitucional. Conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13 dicha Convención establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos…”.
Hace 35 años, aproximadamente, que los diarios Clarín y La Nación monopolizan a través de Papel Prensa la producción del papel para diarios. Entre sus prácticas de gerenciamiento: reservan para sí mismas más del 70% de la producción, sólo es vendido a los demás el sobrante; no realizan inversiones para ampliar la capacidad de producción; los propietarios acceden al papel a precio preferencial, por debajo del costo de producción; etc. De esa forma ahogan a los demás, obligándolos a adquirir más caro el papel, ya sea aquí o importándolo.
Esa forma de hacer las cosas les permite, poco a poco, comprarlos y apoderarse del mercado. Resulta innegable la existencia de un monopolio. Pero hasta los íconos del libre mercado, de la economía más liberal, tienen leyes antimonopólicas.
La libertad de prensa como excusa-escudo.
Paralelamente el Gobierno, cuyo encono hacia el diario Clarín es indisimulable, embistió contra él –y contra los diarios La Nación y La Prensa- con el resonante Informe “Papel Prensa - la verdad”, a través del cual se cuestionó cómo ellos accedieron al control accionario de esa empresa que monopoliza la materia prima del sector.
El Informe, de acceso público, lo realizó una comisión conformada a tal fin en el marco de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Y se basó en 3 expedientes judiciales, 11 expedientes administrativos, las respuestas recibidas a 70 oficios judiciales librados a diferentes organismos e instituciones, Balances sociales, manifestaciones espontáneas ofrecidas por particulares y material de hemeroteca. Miles y miles de folios en documentación probatoria de base.
En su momento se escucharon voces de todo tipo, a favor y en contra, con variados matices y desde distintos sectores. Algunas apresuradamente sentenciosas, contrastando con lo que la prudencia aconseja hacer en estos casos por la gravedad del tema.
La Unidad Fiscal Federal de La Plata fue categórica. Dictaminó que existen pruebas suficientes para suponer que la venta fue compulsiva, producto de maniobras extorsivas, y que se realizó con la directa intervención de la Junta Militar de la última dictadura en colusión con los civiles, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos. Y concluyó que los hechos deben ser juzgados como delitos de lesa humanidad.
A la causa le queda todavía un larguísimo camino judicial por recorrer. Probablemente dure muchos años y transite por laberintos inimaginables para el común de los ciudadanos. Pero, a la luz de lo dictaminado por los fiscales, queda claro que la investigación y posterior denuncia fueron los puntapiés iniciales para rescatar la verdad y buscar justicia para lo que aparenta haber sido un despojo. No fue un ataque a la libertad de prensa como los involucrados pretenden instalar en la opinión pública aprovechando la tormenta que desataron las nuevas reglas de juego en distintos frentes que hacen a los medios de comunicación.
La 3era parte de esta nota se publicará el martes 21 de junio
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