SIMPLIFICACIONES TRAMPOSAS 2

Concluíamos el post anterior diciendo que “cualquier programa de rehabilitación y reinserción social para los presos que se ponga en práctica será insuficiente si no conlleva la adecuación del sistema penitenciario; incluida la depuración de sus filas y la reducación de los agentes, tanto a nivel nacional como provinciales. Incluso haciendo extensivas éstas últimas a las policías”. Algo que nadie desconoce totalmente, pero que quienes deben decirlo no lo ponen debidamente en blanco sobre negro; una cuestión acerca de la que todos sabemos que algo debe hacerse -o mínimamente los sentimos así-, pero que quienes deben obrar, porque están habilitados a ello, no proceden, o hacen tibiamente sin convicción o sin el coraje necesario.

El listado de referencias a las condiciones infrahumanas a las que se somete a los presos y el tratamiento que reciben en penitenciarías y comisarías en todo el territorio podría hacerse tan extenso que asombraría al más indiferente. Pero si para ejemplificar las simplificaciones de la prensa interesada en provocar malhumor social este espacio decía que para muestra basta un botón, esta vez vale igual: luego de la investigación a la que dio lugar una denuncia que databa de la época en que Jorge Omar Sobisch comenzó su segundo mandato consecutivo en la gobernación y bastante antes que su policía matara al maestro Carlos Fuentealba en la ruta, en el año 2010 un total de 27 agentes de la unidad penitenciaria U11 de la provincia del Neuquén fueron llevados a juicio oral. Sólo 2 recibieron condena efectiva de no más de 4 años, en fallo dividido porque dos de los tres jueces del tribunal consideraron que la aplicación de picana no es tortura ¡¿…?!. A Cristian Ibazeta, su testimonio clave y sus otras siete denuncias que estaban en trámite / archivadas, no le resultaron gratuitas; este año, la noche del 21 de mayo, cuando faltaban sólo 30 días para su régimen de salidas transitorias, en “una pelea con internos” (sic) recibió 24 puntazos en su celda individual, cerrada con llave. Murió tres días después.

De este caso la prensa habló poco y nada.

Actualmente los Derechos Humanos atraviesan transversalmente a una inmensa mayoría de nuestra sociedad, independientemente de la ideología de cada uno. Sin embargo el tema de las cárceles no ha tomado estado público suficiente -o deseable- para concientizar a la población del cambio institucional (en ese ámbito) que necesita el país. Para interiorizarse correctamente hay que recurrir a caminos alternativos. Los medios de información que gozan de una posición dominante sólo informan los casos que trascienden cuando el escándalo es inocultable y, como es su costumbre, les dan un tratamiento afín a los objetivos que persiguen o los intereses que defienden o a quienes protegen. Simplificaciones tramposas, nuevamente. Ayer cómplices, directos y por omisión, del terrorismo de Estado; hoy predicadores de la mano dura para quienes los Derechos Humanos de los privados de la  libertad no existen.

A esos medios de comunicación tampoco se los encontrará ahondando en la ventaja (necesidad) de crear las condiciones socioeconómicas necesarias que coadyuven a la máxima disminución posible de los actos delictivos; o bajo qué circunstancias los adolescentes que hoy delinquen optaron por ese camino. Sólo estigmatizan a los últimos.

EL GUARDAFARO plantea los siguientes interrogantes y propone estas respuestas: ¿Mejora de condiciones socioeconómicas para bajar la tasa de delitos? Sí, es una forma de prevención. Por mucho que les pese a algunos, aunque falte, ese camino se viene recorriendo desde el 2003. Y a quienes pretenden negarlo, que recuerden en qué estado se encontraba el país por ese entonces. ¿Rehabilitación sí o rehabilitación no, para los presos? Sí, reduce la probabilidad de reincidencia posterior. El cómo es un tema de especialistas. Y los casos excepcionales, un capítulo aparte. ¿Mejorar el sistema carcelario, personal incluido? Si, para que los penales no sean usinas de odio y resentimiento ni se transformen en Universidades del delito y los programas de rehabilitación no naufraguen. Siempre el ser humano por delante de todo.

La semana entrante, cuando la Comisión Nacional por la Memoria entregue al gobernador y aspirante a precandidato presidencial para el 2015, Daniel Scioli, el Informe Anual referido a las torturas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, podrá dimensionarse lo dicho aquí. Para ese distrito, por lo menos.

¿Y los medios dominantes de comunicación? Recordarles entre otras cosas a los paladines de la libertad de expresión que ésta va de la mano del derecho a la información de los ciudadanos.