Los siete magníficos
por
Vicente Battista
para
Página/12; 05/nov/2013
En
1960, John Sturges dirigió Los siete magníficos, una remake de Los siete
samurais, aquella celebrada película de Akira Kurosawa que en 1954 obtuvo el
León de Plata en la Mostra de Venecia y hoy está considerado uno de los diez films más grandes
de todos los tiempos. Kurosawa había situado su historia en el siglo XVI y se
refería a un pueblito de campesinos que sufría el constante acoso de una banda
de forajidos. Los héroes, en este caso, eran siete samurais que, al borde de la
pobreza, asumían la defensa de esos campesinos y recibían como premio un puñado
diario de arroz. Para la remake, Sturges sitúa su acción en el siglo XIX, en un
poblado mexicano fronterizo que soporta sin descanso la visita de asaltantes.
Los héroes también son siete, aunque no samurais, sino pistoleros. Igual que
los personajes de Kurosawa, sufren penurias económicas, por lo que defienden a
los campesinos a cambio de un puñado de dólares. Yul
Brynner,
Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughan y
Brad Dexter personifican a esos héroes que desde el sur de Texas cabalgan hacia
México con el fin de llevar justicia al castigado pueblito fronterizo.
Hace
unos días pudimos ver una nueva versión de los siete magníficos. En rigor de
verdad, se trata de seis magníficos y de una magnífica que, a diferencia de los
personajes de Kurosawa y de Sturges, gozan de gratas condiciones económicas, y
no son ni samurais ni pistoleros, sino vistosos periodistas que, movidos por el
mismo afán de justicia, cabalgaron desde Buenos Aires hasta Washington. No bien
llegaron a la puerta de la OEA, sujetaron a sus corceles y con paso decidido se
encaminaron hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ese
organismo. Frente a un público expectante, la magnífica y uno de los magníficos
desplegaron sus definitivas razones. Fue conmovedor escucharlos. Ambos se
ocuparon de recordar el modo valiente con que habían actuado durante los años
de la última dictadura cívico-militar. Él se refirió a las “atrocidades y
crímenes que cometió la dictadura” y ella se indignó porque, ya en democracia,
en un juicio popular y público, la acusaron de apoyar a ese régimen. Sin ánimo
de quitarles méritos, hay que reconocer que tanto la magnífica como el
magnífico no tienen buena memoria. En 1976 el genocida general Bussi, entonces
flamante gobernador de Tucumán, premió a una serie de periodistas por su labor
en la lucha antisubversiva. Uno de los premiados fue el magnífico. No en vano,
durante el “Operativo Independencia”, que se llevó a cabo como paso previo a lo
que poco después se convertiría en el golpe de marzo de 1976, había escrito:
“La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como
barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y
disturbios”.
En
1977, el genocida general Videla, durante una entrevista pública realizada en
Washington, se quejó por el modo con que se distorsionaba en el mundo la
realidad de nuestro país. Entonces la magnífica, con tono respetuoso, le
preguntó: “Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada
que en el exterior se presenta nuestra realidad, ayer cuando lo veíamos al
presidente Carter en medio de dos argentinos, pensábamos en la importancia de
tener una ubicación en la cocina del mundo políticamente, ¿usted tiene planeado
en un futuro más o menos próximo viajar, así en carne propia, estar presente
donde el mundo necesita que estemos presentes?”. Tres años más tarde, en agosto
de 1980, cuando el genocida general Harguindeguy se refirió a la censura y la
autocensura de la prensa, la magnífica se apresuró en aclararle: “No queremos
que usted crea, señor ministro, que éstas son acusaciones en contra suyo. Son simplemente
comentarios que le hacemos para que sepa qué es lo que se dice, qué es lo que
se piensa”. Tanto el magnífico y la magnífica, así como los otros cinco
magníficos, que ahora en democracia cabalgaron hasta Washington, en ningún
momento de los oscuros años de la dictadura ensillaron sus caballos para dar a
conocer los horrores que aquí se padecían. Por lo que se advierte, dejaban la
tarea de informar en manos de los propios represores.
Los
integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quisieron saber
por qué causa habían llegado hasta ahí. La magnífica confesó que porque la
criticaban severamente y le gritaban cosas feas por la calle. En la Comisión le
explicaron que eso se engloba “en el ejercicio de la libertad de expresión” y
que es necesario “respetar esas manifestaciones”. Entonces el magnífico tomó la
palabra, dijo: “Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos
decir o escribir lo que pensamos, la respuesta es que sí”, y antes de que los
presentes salieran de su asombro, completó que, más allá de esa libertad, no
trabajan tranquilos, ya que tienen miedo de posibles represalias por parte del Gobierno.
Aunque el magnífico dijo que prefiere la cárcel antes que el insulto, en los
últimos diez años no hubo un solo periodista preso y no se censuró ni prohibió
ningún programa de radio o de TV, no se clausuró un solo diario ni una sola revista.
Los
miembros de la Comisión obviaron aconsejarle que una buena terapia podría curar
ese miedo, aunque sí les explicaron que había sido una vana cabalgata: “Los
testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se
pronuncie”. A diferencia de los héroes de Kurosawa y de Sturges, estos siete
magníficos perdieron su batalla. Sin embargo, no pierden el ímpetu, ya planean
nuevas actuaciones y, fieles al número que han adoptado como cábala, están organizando
un nuevo espectáculo basado en “Blancanieves y los siete enanitos”.
Del triunfo de las instituciones a la
democracia con inclusión social
Télam;
30/oct/2013
El
30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín se impuso en las elecciones
presidenciales con el 51,75 por ciento de los votos sobre el justicialista
Italo Luder, quien obtuvo el 40,16.
Se
cerraba así no sólo la etapa de la dictadura cívico-militar más cruenta de la
historia argentina, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930
con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.
Fue
el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática, que a pesar de las
sombras y acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país: la
continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular –excepto el de
Eduardo Duhalde elegido por la Asamblea Legislativa- sin las interrupciones
impuestas por las dictaduras militares.
La
democracia no fue un fruto caído del cielo, sino el resultado de un largo
proceso de resistencia al terrorismo de Estado que adquirió variadas formas en
lo político, en lo social y en la lucha por los derechos humanos que
erosionaron a la dictadura hasta el ocaso definitivo que le provocó la derrota
en la guerra de las Malvinas.
Alfonsín
sintetizó el anhelo democrático de las mayorías y cumplió con el juzgamiento a
los miembros de la Junta Militar, pero no pudo avanzar en otras tareas que
forman parte de la democracia como la inclusión social y la desarticulación del
modelo neoliberal implantado por la dictadura.
Fue
asediado por los grandes grupos económicos y, en el límite, declaró la “economía
de guerra”. Al mismo tiempo soportó las sublevaciones de los militares
carapintadas que lo llevaron a imponer las leyes de obediencia debida y punto
final, provocando un retroceso en materia de derechos humanos.
Los
sucesivos paros generales de la CGT también demostraron que la situación de los
trabajadores formaba parte de las tareas de una democracia inconclusa.
En
ese proceso, un hecho oscuro y no resuelto fue el copamiento del regimiento de
La Tablada por un grupo armado que respondía al Movimiento Todos por la Patria
cuya justificación fue que se estaba gestando un golpe de Estado.
Sobre
el final del gobierno de Alfonsín la hiperinflación, la ruptura de la cadena de
pagos y los saqueos a los supermercados
provocaron una crisis de tal magnitud que el entonces ministro de
Economía, Juan Carlos Pugliese, apuntó a los grandes grupos empresarios con una
frase antológica: “Les ofrecí el corazón y me contestaron con el bolsillo”.
La
crisis obligó a Alfonsín a adelantar el traspaso del mando presidencial y el
justicialista Carlos Menem, triunfante en las elecciones, se hizo cargo del
Poder Ejecutivo.
Menem
había prometido el “salariazo”, pero profundizó el modelo neoliberal inaugurado
por la dictadura hasta límites impensados,
apuntalado por los grupos económicos que habían conspirado contra
Alfonsín y con la dirección estratégica de su ministro de Economía, Domingo
Cavallo, quien traspasó la deuda externa contraída por los grandes empresarios
al Estado.
En
ese camino, se privatizaron las principales empresas públicas; se crearon las
AFJP que colocaron los fondos de los aportes jubilatorios en manos empresarias;
más de un millón de empleados estatales optaron por el retiro voluntario y, Cavallo
mediante, se equiparó al peso con el dólar, el
1 a 1, que generó la quiebra de miles de empresas de la industria
nacional y multitudes de argentinos viajando a Miami en los tours del “deme
dos”.
En
derechos humanos, Menem fue más a fondo en el retroceso e indultó a los jefes
de la dictadura militar con el argumento de que había que “cerrar heridas del
pasado”.
Una
sublevación militar liderada por Mohamed Alí Seineldín contra la conducción del
Ejército a la que consideraba “liberal” provocó, al ser derrotada, que las
Fuerzas Armadas dejaran definitivamente de tener injerencia en la política para
replegarse a su rol profesional.
En
forma paralela, el asesinato del soldado Carrasco en un regimiento del sur del
país, llevó al gobierno menemista a eliminar el servicio militar obligatorio.
Ya
en el segundo mandato de Menem, los síntomas de una crisis económica y el
agotamiento del 1 a 1 prepararon el terreno para que la UCR y el Frepaso
constituyeran la Alianza, que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Menem
dejaba la presidencia con un 25 por ciento de desocupación y casi el 50 por
ciento de pobreza.
La
gestión de De la Rúa apenas duró dos años. Mantuvo el mismo modelo económico
heredado de la dictadura y del menemismo, llamó a Domingo Cavallo en su auxilio
y lo nombró ministro de Economía.
Cavallo
rebajó el 13 por ciento de los haberes de empleados públicos y jubilados y,
ante la fuga de capitales, impuso el corralito, que dio un golpe de gracia a
los pequeños ahorristas en dólares de la clase media.
El
país explotó en diciembre de 2001, y el gobierno de la Alianza respondió a las
movilizaciones con represión, causando
la muerte de 38 personas y cientos de heridos. En las calles surgieron
dos consigna centrales: “Que se vayan todos” y “Piquete y cacerola la lucha es
una sola”, y por todo el país surgieron asambleas populares, que algunos
analistas veían como embriones de un doble poder.
De
la Rúa dejó el gobierno en un helicóptero que partió de la Casa Rosada y se
generó un vacío de poder que intentó ser llenado por sucesivos presidentes
interinos, que renunciaban uno tras otro. Adolfo Rodríguez Saá fue uno de
ellos: declaró el default y poco después renunció tras una fracasada reunión
con gobernadores en Chapadmalal.
La
Asamblea Legislativa del 1 de enero de 2002 eligió a Eduardo Duhalde como
presidente interino. Su gobierno abandonó el esquema del 1 a 1, tras una fuerte
devaluación; comenzó a devolver en parte los ahorros atrapados en el corralito;
pesificó las deudas bancarias en dólares; devolvió en bonos el 13 por ciento a
empleados públicos y jubilados, y buscó frenar las movilizaciones piqueteras
que reclamaban trabajo implementando una serie de subsidios.
Pero
Duhalde se vio obligado a llamar a elecciones tras el asesinato de los
militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por parte de la
policía.
Es
en este marco que comienza a escribirse otra historia. Un hasta ese momento
casi desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se enfrentó en
elecciones a Carlos Menem, es decir, se enfrentaron el nuevo modelo de país y
el que agonizaba.
Kirchner
llegó al gobierno con apenas el 22 por ciento de los votos y tras la renuncia
de Menem a participar en la segunda vuelta electoral, asumió la presidencia el
25 de mayo de 2003.
Durante
su gestión, y las de Cristina Fernández de Kirchner, se comenzaron a completar
las tareas de la democracia inconclusa basándose en dos premisas: inclusión
social y recuperación de la lucha por los derechos humanos.
Así,
se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos y se
abrieron los juicios a cientos de represores.
Al
Estado volvieron los fondos de las jubilaciones que habían sido utilizados para
la especulación financiera por las AFJP; se creó la ley de medios, resistida
hasta hoy por los gupos mediáticos; se crearon 5 millones de puestos de
trabajo; se aprobó además el matrimonio igualitario y el derecho de género y se
nacionalizaron YPF y Aerolíneas Argentinas.
Más
de un millón de personas que no habían podido jubilarse por no contar con los
años necesarios de aportes debido a la desocupación se incorporaron al sistema
y los haberes de los jubilados
comenzaron a aumentarse dos veces por año.
El
kirchnerismo desmontó el modelo neoliberal, le dijo no al Alca en la Cumbre de
las Américas junto a otros presidentes latinoamericanos; canceló la deuda del país
con el FMI y negoció un canje con el resto de los acreedores con una quita
sustancial.
En
este marco, las paritarias se reflotaron pudiendo los sectores sindicales
discutir el alza de salarios con los empresarios.
Además,
se estableció la Asignación Universal por Hijo para las familias que aún no
pudieron incorporarse al aparato productivo.
En
este camino, el gobierno sentó las bases de un proceso de reindustrialización
reparando la devastación sufrida en los años `90.
Los
grupos económicos concentrados alimentaron una oposición fogoneada por los
grandes medios que tuvo una de sus máximas expresiones en 2008, cuando las
patronales agrarias se movilizaron contra la resolución 125 e impulsaron, a
veces de manera explícita, la destitución del gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner.
No
obstante, aunque el gobierno perdió las elecciones legislativas de 2009,
recuperó la mayoría en el Congreso en 2011, tras las elecciones presidenciales
en las que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo su reelección con más del 54
por ciento de los votos.
Los
últimos comicios legislativos celebrados el pasado 27 de octubre ratificaron al
Frente para la Victoria como primera fuerza nacional, pese a la derrota sufrida
en varios distritos, manteniendo la mayoría en las dos cámaras del Congreso.
“Con
la democracia se cura, se come y se educa”,
había dicho Alfonsín. Esas parecen ser la tareas de la democracia que
han comenzado a cumplirse para que ésta ya no sea inconclusa.
Honrar la vida
Letra
y música de Eladia Blázquez
¡No!
Permanecer y transcurrir
no
es perdurar, no es existir
¡Ni
honrar la vida!
Hay
tantas maneras de no ser,
tanta
conciencia sin saber
adormecida...
Merecer
la vida no es callar y consentir,
tantas
injusticias repetidas...
¡Es
una virtud, es dignidad!
Y
es la actitud de identidad ¡más definida!
Eso
de durar y transcurrir
no
nos da derecho a presumir.
Porque
no es lo mismo que vivir...
¡Honrar
la vida!
¡No!
Permanecer y transcurrir
no
siempre quiere sugerir
¡Honrar
la vida!
Hay
tanta pequeña vanidad,
en
nuestra tonta humanidad
enceguecida.
Merecer
la vida es erguirse vertical,
más
allá del mal, de las caídas...
Es
igual que darle a la verdad,
y
a nuestra propia libertad
¡La
bienvenida!...
Eso
de durar y transcurrir
no
nos da derecho a presumir.
Porque
no es lo mismo que vivir...
¡Honrar
la vida!
La
autora
= Fue una cantante y compositora argentina de Tango. También se consagró como
pianista y guitarrista. Escribió dos libros: “Mi ciudad y mi gente” y “Buenos
Aires cotidiana”, y varias letras para reconocidos folkloristas.
Nombrada
Hija dilecta de la ciudad de Avellaneda, en 1988, y Ciudadana Ilustre de Buenos
Aires, en 1992.
En
1995 y 2005, año en el que falleció, recibió el Premio Konex de Platino como
mejor Autor / Compositor de Tango de la década.
Reformas, participación y corporación
La Corte de Fernando VII
Por
Alejandro Alagia (*); Página 12,
19/jun/2013
Si
los supremos magistrados que hoy se oponen a la reforma democratizadora del
Poder Judicial ocuparan igual posición en la época de la colonia habrían
resistido la Revolución de Mayo y sus ideales de soberanía política. Entre el
derecho de la población a participar directa o indirectamente en el gobierno
del país y los privilegios corporativos y estamentales, la Corte Suprema se
aferra a lo peor del pasado. Menos democracia y más República es la bandera de
la oposición conservadora que declara que los jueces para ser justos tienen que
ser independientes de la voluntad popular. La República puede ser
aristocrática, oligárquica o simplemente el gobierno de los poderosos con la
única condición de que el soberano no sea el mismo que gobierne, dicte las
leyes y juzgue los crímenes o resuelva los pleitos. La República reparte el
poder y el gobierno entre los poderosos. La democracia y la extensión de los
derechos sociales y políticos para el gobierno de la población y la
administración de los recursos de un país son, en cambio, las más hermosas y potentes
conquistas políticas modernas que tiene el pueblo común para su
autodeterminación. El fallo de la Corte legitima el peor de los colonialismos,
el interno. No es el pueblo sino los que saben quiénes deben gobernar el
reparto de castigos y de bienes. Con el mismo desprecio por el saber popular,
la cultura jurídica y judicial dominante ha impedido hasta hoy los juicios por
jurados que es una demanda democrática de más de un siglo y medio. La peor
enseñanza que este fallo deja es ésta: que la función del gobierno judicial es
la de evitar los excesos de democracia política. ¡Función judicial
contramayoritaria para proteger derechos de minorías! Prejuicio y terror
oligárquico a la participación ciudadana como en la época anterior al sufragio
universal. Una vergüenza ¿Magistraturas antipolíticas? Cinismo descarado con el
que se quiere presentar al gobierno judicial simplemente como un servicio
público técnico, a la imagen de una guardia médica o una oficina de transporte.
Desconfianza en el pueblo que está para ser dirigido como un rebaño incapaz de entender
lo justo y lo moral. No es improbable que una mayoría electoral se equivoque
sobre lo que es mejor para su sociedad, pero siempre será infinitamente más
doloroso para todos el error de un estamento que, en tanto guardianes de la
ley, de lo que existe, de lo que es bueno y posible, no deja de arrastrar, como
a lo largo de todo el siglo XIX y XIX, a grupos enteros de la población a
verdaderos mataderos y a privaciones aberrantes. No tenga miedo la corporación colonial.
Siempre las mayorías coyunturales tendrán como límite a su poder soberano
reglas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. No
fueron los jueces los que dieron su vida para conquistarlas. Ahora sabemos también
que no dan su inteligencia para hacerlas valer.
(*) Fiscal
general, miembro de “Justicia legítima”.
Carta Abierta N° 13:
LOS JUSTOS
Comenzamos
esta carta –que a la vez es un llamado– con la fácil comprobación de cómo han
avanzado, de qué recursos se valen y cómo se realizan los crecientes procesos
de deslegitimación del Gobierno. El estadio siempre presente de lo político, si
bien no suele ser el más hablado, es el de la creencia colectiva, la libre
opinión emancipada del tejido social. Hay un tono diario que tienen el hombre y
la mujer de la calle para expresar en un sistema sabido de signos rápidos, sus
opiniones sobre la relación de los hechos colectivos con sus propias
perspectivas vitales. Como sabemos, son la forma más profunda y también menos
formalizada de las opciones políticas. Creencias en estado de insinuación, que
suelen llamarse humores o estados de ánimo, nombres imprecisos pero elocuentes,
en cuyo otro polo suelen estar las elucubraciones más exigentes, el cálculo de
los políticos y el modo real en que operan las fuerzas sociales y económicas.
Estamos
hablando del basamento efectivo y crítico en que se enraíza todo gobierno, el
sustento de la verosimilitud del vivir común en un sociedad, las hipótesis que
nos dejan entrever que no hay miedo en la convivencia, que hay esperanza en la
vida pública y argumentos, por más que puedan ser apenas borroneados, en la
esfera manifiesta de las acciones democráticas. Revistiendo tanta importancia
el núcleo de creencias públicas que son siempre cambiantes, pero no impiden
revelar una viga maestra de donde toda comunidad viviente extrae el concepto de
lo justo, hasta cierto punto es lógico que sean ellas las primeras atacadas.
Ellas deben ahora encontrar sus propias lógicas expresivas ante el avance
impiadoso de una narrativa mediática que apunta a deslegitimar, bajo la forma
de un relato brutal, lo recorrido desde mayo de 2003. Para producir el ataque
buscan sus símbolos evidentes, las palabras que ciertos ritos, ingenuos o
profundos, señalan como el lugar de la creación de mancomuniones sociales. Es
lógico, decimos, que quien desee perjudicar de modo extremo esta conjunción
ciudadana donde se encuentran las instituciones visibles y la vida cotidiana,
las políticas públicas y las realidades del trabajo, la actividad persistente
de las más diversas militancias, dirija su hostilidad a los cimientos
formadores de la adhesión que se congrega en las capas de la población que
sostienen una experiencia singular de cambios sociales.
¿Qué
cambios? Los que implican que por primera vez en la historia nacional se
discutan aspectos de la organización del Estado y la sociedad, de la Justicia y
los medios de comunicación, con sentido emancipador y no restrictivo o portador
de coerciones. Se trata, después de muchos años, de darle a la idea de justicia
una dimensión que logre articular lo que siempre fue prolijamente separado por
los poderes económicos: la libertad y la igualdad. Contra la apertura inédita
de estas dimensiones fundamentales de la vida social es que se dirigen estas
acciones profunda y visceralmente desestabilizadoras no sólo de la continuidad
de un proyecto transformador sino, también, destinado a incidir insidiosamente
sobre el sentido común de una parte significativa de la sociedad que es
capturada por ese discurso destructivo y hostil de cualquier forma de
convivencia democrática. De las cloacas del lenguaje se extraen los argumentos
que, más allá de cualquier prueba, son presentados como la verdadera cara de un
gobierno supuestamente atrapado en su propia red de venalidades y corrupciones.
Ya no importan las diferencias políticas o ideológicas, tampoco los modelos
económicos antagónicos, lo único que le interesa a esta máquina mediática
descalificadora es sostener un bombardeo impiadoso y constante que no deje nada
en pie.
Pero
entonces, con menos pruebas que arietes dirigidos a mansalva, ausentes los
fundamentos del uso de la prueba, la investigación, el juicio sobre las leyes y
el mismo andamiaje legal del país, se considera todo ello fruto de un espíritu
despótico, de jefes políticos que se prepararon toda una vida para llegar a la función
pública mandando agrandar los cofres familiares mientras pronunciaban palabras
como impuesto a la renta agraria o asignación universal por hijo. Nuevamente la
impostura pero ahora justificada por un ansia desenfrenada de enriquecimiento.
La oscura figura del avaro, la brutal construcción del “judío” con los
bolsillos llenos de dinero que supo desplegar el antisemitismo exterminador, el
relato de fabulosas bóvedas rebosantes de oro y de billetes se convierten, como
en otros momentos de nuestra historia en la que gobiernos populares fueron
derrocados por ominosas dictaduras, mediante la estética del más consumado amarillismo
periodístico, en santo y seña de una oposición que busca destruir no sólo un gobierno,
sino la propia legitimidad de la política. Todos los recursos de esas estéticas
televisivas y de la ficcionalización disfrazada de realidad son movilizados por
quienes buscan horadar a un gobierno que, por primera vez en décadas, cuestionó
injusticias y desigualdades, tramas monopólicas y abusos de poder de quienes
siempre se sintieron los dueños del país. Quieren sembrar la duda en el
interior de la sociedad.
Buscan
emponzoñar una realidad que ha sido transformada en un escenario por el que
desfilan políticos corruptos, valijas llenas de dinero, oscuros entuertos
financieros, prebendas nacidas del afán pantagruélico de quedarse con riquezas
fabulosas. Atacan no sólo al kirchnerismo. Su objetivo es más amplio: apuntan a
destituir cualquier posibilidad de que la política sea un instrumento
emancipador.
Pero
si se discute la Justicia es porque finalmente una comunidad arribó a la
discusión de lo más profundo que hay en la Justicia: lo que se halla en las
pausas internas de sus articulados, en la manifestación misma de las figuras
del derecho, que es lo que aquí llamamos lo justo. El intrínseco actuar común
en torno del diferendo que se resuelve con argumentos y el pensar sobre los
otros. Lo justo es la alteridad de nuestra propia vida ofrecida como prueba de
que ella misma debe introducirse en esos domicilios del pensar común sin hacer
excepciones a favor de uno mismo. Lo justo también como una práctica que, al
mismo tiempo que reconoce al otro y a su diversidad, también se afirma en la
distribución más igualitaria de los bienes materiales y simbólicos. Lo justo no
como retórica de lo nunca realizado sino como evidencia, más que significativa
a lo largo de esta última década, de un proceso de transformación social que no
sólo vino a reconstruir derechos sociales y civiles sino a poner en cuestión la
hegemonía de aquellos que condujeron al país a la desigualdad y la injusticia.
Eso es lo que no perdonan ni aceptan. Contra eso dirigen todas sus baterías
mediáticas y sus golpes de mercado.
Sin
embargo, los ataques a lo justo comienzan siempre en los lugares más sensibles,
que son donde se equilibran el deber de los funcionarios con la organización de
un formidable sistema para repartir cuotas perseverantes de sospechas o
suspicacias respecto de su probidad y acciones regidas por lo que convenimos en
llamar ética pública. Esto ocurrió en todas las épocas, porque no es de hoy el descubrimiento
de que la ética pública es menos un decálogo de virtudes que un sistema de
símbolos de enorme fragilidad que tiene su domicilio último en el empleo
consistente y verídico de la palabra pública. No sabríamos decir, ahora, si las
enormes maquinarias para horadar a los cuadros dirigentes de un país han
excedido, por un lado, lo que ocurría en épocas pasadas, cuando eran las
grandes crisis económicas, los procesos interminables de inflación –como en la
Alemania de los años ’20–, los ámbitos de incerteza que hacían que todo lo
sólido se evaporase en el aire. Sí sabemos que están dispuestos a empeñarse a fondo,
sin ahorrar ningún recurso, para descalificar a un gobierno que ha puesto el
dedo sobre la llaga del poder hegemónico en el país; de un gobierno dispuesto a
doblar la apuesta abriendo brechas antes inimaginables en el interior de una
sociedad que parecía entregada al saqueo de todas sus esperanzas. Una época de
cambios en una perspectiva democrática y popular implica un orden de
credibilidades públicas donde no sea la prepolítica del miedo la que dirija la
economía sino la economía la que se inserte como acto inherente a las figuras
explícitas del argumento político. Los pronósticos de las crisis capitalistas como
los que realizara Rosa Luxemburgo en 1913 o las graves desidias comprobables que
se notaban en la esfera pública en las épocas que llevaron a terribles guerras
siguen siendo aleccionadoras. A estos eventos, que denominaríamos crisis
objetivas de los sustentos de los regímenes representativos parlamentarios, se
les agrega ahora el proyecto de originar un descalabro en las figuras públicas
que son emblemas de gobiernos populares y le dan su forma de aglutinamiento,
especialmente fijadas en su nombre. Lo que antes era la consecuencia de la
debilidad de regímenes parlamentarios que fueron sistemáticamente carcomidos
por la ampliación de la crisis económica y el avance de las derechas fascistas
hoy ha mutado en una prédica seudomoralista que busca deslegitimar a gobiernos
democráticopopulares utilizando los recursos, antiguos, de la denuncia serial y
el fantasma de la corrupción. No ha habido en el pasado ni en la actualidad un
solo gobierno popular que no haya recibido las descargas de esa seudomoralina
autoproclamada como el último bastión de la verdadera república siempre
amenazada por los populismos. Una simple y rápida revisión del papel de ciertos
medios de comunicación en nuestra historia, al menos desde Yrigoyen en
adelante, permitiría poner en evidencia la falta de originalidad de la actual
campaña desestabilizadora que se viene llevando a cabo en nombre del
“periodismo independiente”. Otro tanto comprobaríamos con sólo echar un vistazo
a lo que ocurre en otros países de la región en los que los intereses de la
derecha se complementan perfectamente con el funcionamiento de los grandes
medios de comunicación. Nunca ha sido tan clara la intervención
desestabilizadora de la máquina mediática puesta al servicio del establishment
económico-financiero. Un lenguaje surgido de las letrinas amarillistas y de las
gramáticas del golpismo histórico se despliega con virulencia insidiosa desde las
usinas del poder mediático que han dejado de apelar a cualquier tipo de
argumentación para desencadenar, una tras otra, una batería de rumores, mitos
urbanos de enriquecimientos olímpicos, denuncias indemostrables articuladas con
una colección de personajes que van de los lúmpenes del jet set vernáculo a una
ex secretaria despechada.
Se
funda entonces una maquinaria de horadar, que por supuesto no es nueva y que
incluye muchos antecedentes en el pasado inmediato de la cultura social de
Occidente, y especialmente de nuestro país. Indirectamente aludimos a la caída
de la República de Weimar que dejó abierto el camino para el ascenso del
nazismo al poder, pero también a los climas previos fomentados por agencias
operativas de los intereses derrocadores, en el caso del gobierno de Arbenz –en
Guatemala– y del candidato Gaitán –asesinado en Colombia en plena campaña
electoral–, desde luego, siempre con climas en la prensa donde se hace cabalgar
con mayor o menor grado de ingenio a los jinetes del Apocalipsis, pero con
actos donde de repente se abren los enrejados de infinitas acusaciones de los
ámbitos conservadores, de cuyas tinieblas puede emerger el revólver donde habita,
como dueño del argumento seco, el disparo final. En nombre del saneamiento
moral de la república se abrieron las compuertas para los peores regímenes dictatoriales.
En nuestra realidad sudamericana, en ese mismo nombre se busca terminar con los
proyectos de matriz popular y democrática que comenzaron al final de la década
del ’90 con Hugo Chávez en Venezuela y que se continuaron en Brasil, Argentina,
Uruguay, Bolivia y Ecuador, signando un tiempo extraordinario en la historia de
un continente dominado y sumergido en la pobreza y la desigualdad por aquellos
que siempre hablaron en nombre de la moral pública. En su nombre avanzó el
golpismo en Honduras y Paraguay.
Estamos
en tiempos diferentes, pero en los cuales una sutil forma de golpismo opera
todos los días bajo el amparo de los nuevos estilos de escenificación,
agrietamiento y cancelación de las creencias sociales. Ejemplos de esta actitud
no son difíciles de encontrar en la historia de nuestro país. La campaña del
diario Crítica en los años ’20 es un ejemplo característico y debe estudiarse
en todas las escuelas de comunicación social. Más allá de la figura, curiosa e
interesante en su excentricidad, de Natalio Botana, el diario salía con sus
martillos cotidianos a perforar creencias cívicas con ejemplos resonantes de corrupción,
ineficiencia, extravagancia del gobernante (la senectud de Yrigoyen) y la
asimilación de sus partidarios al Ku Klux Klan. Hombres sinceros de izquierdas
y derechas –que precisamente se congregaban también en la redacción de Crítica–
adoptaban estas manifestaciones de ingenio metafórico del diario más popular, a
fin de no sentirse expropiados en su conciencia si caía al fin y al cabo un gobernante
llamado inepto –llorado pocos años después, en ocasión de su fallecimiento, por
millones de argentinos, muchos de ellos embargados en un tardío y comprensible
arrepentimiento–. Por cierto, estas corrientes subterráneas cuyo índice sísmico
es la inmediatez del cuadro económico (la Argentina ha salido de crisis
profundas, pero atraviesa conocidos problemas: para el primer caso no conceden reconocimientos,
para el segundo ausentan toda clase de comprensión), operan como corrientes que
siempre han actuado como terreno ya roturado para las aventuras
contrainstitucionales, aunque pasan muchos períodos dormidos a la espera de sus
irrupciones cíclicas en la historia nacional. Hoy regresan tratando de cerrar
un tiempo argentino caracterizado por el avance poderoso de políticas de
reparación social. Van en busca de la reconstrucción de sus privilegios y, para
ello, no dudan en movilizar tanto los recursos de la espectacularidad
televisiva como la complicidad de una oposición carente de ideas propias.
La
sombra del revanchismo social, esa que conocimos en 1976 y que acabó
instalándose con el menemismo, se yergue como una amenaza contra todas las
corrientes populares y progresistas y no sólo contra el Gobierno. ¿Comprenderán
los genuinos demócratas que de triunfar la alquimia de vodevil mediático, intereses
corporativos, gestualidad antipolítica y neogolpismo especulativo, lo que nos
espera será nuevamente el vaciamiento de la vida institucional democrática y el
retroceso social? ¿Entenderán que lo que está en juego es la propia idea de la
política como instrumento emancipador? El aliento fétido de la regresión
neoliberal sale de la pantalla impúdica los domingos a la noche.
No
actúan con pruebas ni documentos irrefutables. Están antes de la prueba y el
documento, en esa faja indocumentada (no que no los tengan en sus identidades
propietarias, puesto que son los que más los poseen) respecto de qué es, qué
fue, qué termina siendo un ciclo histórico en la Argentina. No actúan en nombre
de lo justo, sino de una peripecia espiritualmente de las más complejas,
llamando justicia al desequilibrio social que actúa a su favor, y llamando
golpismo a lo que haría el Gobierno, a fin de justificar lo que con vergüenza
en el decurso de los tiempos muchas veces terminaron acompañando, esto es, sus propios
llamados golpistas sin precisar pronunciar ese mismo nombre. Lo hacen con la
facilidad llamativa de haberse convertido en pobres comediantes de las derivas
fatales de militares golpistas y ministros de Economía que revestían de
argumentos nacionales un fatídico arte para la depredación de los recursos financieros,
energéticos y económicos de la nación. Son actores de un relato que afirma la
condición autoritaria y hasta dictatorial del Gobierno para generar las
condiciones de una irrevocable restauración conservadora. Son quienes sin
sonrojarse hablan desde sus editoriales de “terrorismo simbólico de Estado”
utilizando la tribuna que se benefició del terrorismo real que durante la
terrible dictadura de Videla le dio forma a la apropiación de una empresa que
acabó en las manos de quienes construyeron el monopolio del papel para diarios
en Argentina. El cinismo y la mentira como instrumentos de esa moral republicana
que dicen defender.
Estas
porciones no siempre pequeñas de la población han aguardado en sus reductos
sentimentales, con su arte de mascullar formas de opinión que hacen al juego
normal de la democracia, pero son multitudes disconformes de su propio lenguaje
democrático, que no dudamos que lo tienen, pero como posesión particularista,
sin animarse a definir lo democrático como lo justo y lo justo como la
contingencia donde hay que decidir a favor del bien público siempre. Por eso
tiene también el exceso respecto de ese lenguaje, una sobra inabsorbida por sus
corazones que, por motivos no siempre incomprensibles, dudan sistemáticamente y
a priori de las medidas sociales progresistas y reaccionan cuando perciben
tropiezos, que es evidente que los son, que son sometidos a un sistema de
magnificaciones e hipérboles donde todo es escandaloso y falso. Nada más
impropio que a un país lo dirijan falsarios enmascarados. ¿Se precisaba el
magno folletín que contara esta historia fantasmal con castillos draculianos y
llamados telefónicos a carpinteros infernales que construyeran bóvedas, criptas
o cúpulas salidas de un relato de Edgar Allan Poe, que los carpinteros de la
utilería televisiva tratan de remedar entre risotadas?
El
impulso dramático que tienen estos métodos, que proviene del uso central de los
medios de comunicación más entrelazados con una receptividad indignada (por
razones ni siempre justas ni siempre injustas), pero que opta por una escena de
truculencias que remiten a la clásica acusación del golpista que ve el origen
de su insondable rencor en el supuesto golpismo de los otros. No admite ser un
agente explícito de la libertad de expresión mientras dice que no la hay. Y así
llega a instalar, como si sobre una entera ciudad se colocara una red de
semáforos perfectamente coordinados, unas fuertes denuncias a la corrupción a
través de técnicas folletinescas viejas y modernas. La espectacularización de
las noticias en general exime de pruebas pero no de un monologuismo sostenido
por escenas cómicas e imitaciones con propósito degradante, bien diferentes a la
genuina crítica que los artistas del humor e ironía les han dedicado a los
gobernantes, desde los tiempos del periódico El Mosquito, que actuó hace ya un
siglo y medio en la política nacional.
¿Vivimos
en sociedades sin corrupción? Esto no es posible afirmarlo. Pero es posible
decir que la corrupción más importante –si este concepto ganara en
tipificaciones jurídicas antes que en amorfas descripciones de comedia musical–
es la que ocurre en las grandes transacciones capitalistas en materia de
estructuras financieras ilegales, circulaciones clandestinas, excedentes que
pertenecen a rubros invisibles de la acumulación de sobreprecios, instancias
implícitas de gerenciamiento de dineros privados considerados como mercancía de
las mercancías en pequeños países que no es que tengan sistema capitalista,
sino que el sistema capitalista los tiene a ellos. Cuando la política se
convierte en un engranaje subordinado que implica un eslabón implícito de
remuneraciones de la circulación financiera, estamos en una sociedad que posee
sólo formas democráticas ficticias. Esa es la aspiración de quienes están por detrás
de ese denuncismo desenfrenado, ésa es la escritura que elabora los guiones del
neogolpismo folletinesco. Su aspiración no es lo justo, su estrategia busca erosionar
a quienes lograron cortar la hegemonía indisimulada de aquellos que
convirtieron, durante décadas, al país en una agencia del capital financiero.
Se
llaman noveleramente paraísos fiscales, con un eufemismo sorprendente, a formas
nacionales o territorios sostenidos por una suerte de ilegalizada legalidad en
el alto capitalismo. Nuestro país es soberano, y sus problemas económicos y
sociales, que no son pocos ni desconocemos, del mismo modo que señalamos los
logros de esta década, sus ámbitos de discusión, que deberían ser más amplios y
sus falencias en el debate público son evidentes –sólo pensar en el nombre de
la etnia qom basta para ejemplificar muchos otros casos– no puede limitarse a
enlatados de televisión con novelas seriales de grosera comicidad, donde se
filman casas de funcionarios –aunque es cierto que hay que ser austero– y misteriosas
cajas fuertes –es cierto que salidas de la imaginación de alguien que vio las
formas físicas en que se representan el poder en películas como Batman o James
Bond–. Sólo en novelas de Ian Fleming las cajas fuertes, los documentos
públicos, las bolsas de dinero están en las cajas fuertes del poder, pues ésa
es la representación empírica y prejuiciosa de lo que es abstracto y no
mediato. Del poder sabe bien Goldman Sachs o los grandes financistas que pueden
desencadenar guerras sin tener siquiera un bóveda debajo de la escalera de su
casa.
Pero
sabemos que este conjunto de palabras apunta a erosionar la figura pública de
un ex presidente, en una acción que se torna una respuesta de music hall para
problemas que merecen otro tratamiento. La marejada política del país llevó a
la ley de medios, ésta a la necesaria reforma judicial, ésta a la consideración
de la vida cotidiana bajo la normativa de lo justo, ésta a la nacionalización
de numerosas empresas públicas, y todo esto debe llevar a nuevos estilos de
discusión, donde en vez de verse los Dragones del Apocalipsis escondidos tras
cortinados donde defienden con arbitrios y trompetas bíblicas sus cajas empotradas,
hay que ver un gobierno que atraviesa distintos momentos y distintas
dificultades, todos propios de la vida pública compleja, mundial y nacional, y
cuyas explicaciones son más que obvias, por más que muchas medidas no se
perciban totalmente eficientes. Pero lo cierto es que, una vez más, no lo
atacan por lo que hizo mal sino por todo aquello, ya consignado, que ha
significado un cambio notable y positivo en la vida del país. Lo atacan, y esto
más allá de los errores y de los aciertos en esta larga batalla política,
porque saben que la continuidad de este gobierno amenaza, como nunca antes, sus
privilegios. Lo atacan, hasta la náusea y utilizando todos los recursos a su
alcance, por haber reinstalado, en nuestra sociedad, la idea de que lo justo no
constituye una quimera inalcanzable o una reflexión académica, sino la práctica
posible de un proyecto sostenido en los principios de la igualdad y la
ampliación permanente de derechos. Lo atacan porque Videla murió en la cárcel y
porque propone, con más costos que beneficios, que la Justicia puede y debe ser
reformada.
Sin
desconocer problemas, sin admitir que se violente la dignidad de la función
pública, sin aceptar que bajo una cita de Jefferson o Madison se nos diga que
no entendemos de los ordenamientos judiciales, que son producto de sociedades
historizadas y no paralizadas por sus clases poseedoras, sin argumentar con excepciones
vigentes sólo hacia nosotros mismos, todo ello nos habilita a señalar a una
prensa que primero le dice golpista al Gobierno –como se lo dijeron a Yrigoyen
para después poder golpear ellos– sin pretender que las instituciones están al
margen de una vivaz discusión cotidiana, hacemos un llamado a quienes siguen
formando en la consideración hacia este gobierno a pesar de su dificultades
–que llamamos a discutir– y de las izquierdas democráticas a quienes llamamos a
deliberar sobre la base de un mismo sentido común: el sentido de lo justo,
madre de las inclinaciones históricas hacia un latinoamericanismo emancipado,
una economía y tecnología sin agresiones al medio ambiente y un sector progresista
de la sociedad que sin dejar de criticar a la corrupción, como nosotros mismos
lo hacemos, no haga de este concepto una sentencia visual de jueces
autoerigidos, de togados mediáticos donde en vez de pruebas necesarias, que
lleven a prisión a quienes sea necesario, como en el caso Pedraza, sirvan apenas
para la tarea menor de ser coadyuvantes de una comedia desestabilizadora que
nos introduzca a una nueva tragedia argentina.
Pero
también destacamos, con el mismo énfasis, que en la semana en que se cumplen
los primeros diez años de este gobierno somos testigos de un país que ha
logrado reencontrarse con aquello que se había extraviado, primero en la noche
oscura de la dictadura y después bajo la impunidad neoliberal, y que fue recuperado
por la voluntad de ese mismo hombre al que hoy buscan caricaturizar como si
fuera el arquetipo del avaro y custodio de bóvedas donde se guardarían riquezas
fabulosas. Nos referimos a un país que vuelve a colocar en el centro de sus
disputas y debates las cuestiones fundamentales de la igualdad y de lo justo.
Una década en la que la reconstrucción de la política se transformó en una de
las claves decisivas para volver a soñar con un país más justo, libre y
emancipado. Eso es lo que está en juego en esta hora preñada de dificultades y
desafíos. Ellos, los inspiradores de tanto odio, lo saben: es ahora cuando
tienen que golpear despiadadamente. Nada más horroroso, para su visión
alucinada, que la consolidación y la ampliación de un proyecto que vuelve a
hacer visibles a los invisibles de la historia. Eso, nada más ni nada menos, es
lo que ha estado y sigue estando en disputa en esta década atravesada por cambios
notables y nuevos desafíos que, eso pensamos, deberían, siempre, ir en busca de
una sociedad más justa.
Democracia, el papel
de las mayorías y el poder judicial: no todo es como lo cuentan
por
Guillermo Makin; experto en política
británica y Malvinas
La propuesta de reforma judicial ha hecho
aflorar una serie de términos políticos cuyo significado y origen histórico
difiere bastante del uso común. Lo que se alega es democrático, como la
división de los poderes, resulta no serlo en su origen. Además hay tradiciones
constitucionales como la británica que han democratizado mucho más el papel del
poder judicial al no permitirle declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Y no ha sobrevenido ni una tiranía ni ha fenecido el estado de derecho.
En el debate de la reforma es frecuente oír
entre sus críticos que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Por el lado de los que
proponen la reforma se legitima los proyectos sosteniendo que están dirigidos a
democratizar.
Tanto los críticos de la reforma judicial
como los que abogan por ella dan por sentado que todo juez o toda Corte Suprema
puede declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por un congreso
electo, a propuesta de un Ejecutivo también electo por amplia mayoría, ambos
para gobernar en cumplimiento de un programa electoral, o, si se quiere, de un
relato clara y legítimamente aprobado por el electorado.
Pero resulta que la separación de los
poderes, la independencia del poder judicial y el recurso de la
inconstitucionalidad tienen orígenes históricos distintos y hay un manifiesto
deseo de impedir gobierne la mayoria. Es posible sostener que son instituciones
concebidas por razones no democráticas. Es preciso hacer un poco de historia y
un poco de política comparada para entenderlo.
Historia:
la constitución de los EEUU
La historia de la separación de los poderes,
que se desarrolla en la Constitución de los EEUU, sancionada por el Congreso de
Filadelfia en 1787 que eligió unánimemente a George Washington para que lo
presidiera.
Montesquieu es el primero en acuñar el
término separación de los poderes al conceptualizar erróneamente la constitución
británica donde solo hay separación entre el Ejecutivo y el Judicial. No hay
separación entre el Ejecutivo y el Legislativo que es solo uno, unido, o
“abrochado”, como dice el autor de “La Constitución Inglesa”, Walter Bagehot,
por el gabinete de ministros que tiene mayoría en el Parlamento.
La guerra de independencia de los EEUU había
radicalizado a la población de los estados y George Washington, terrateniente
esclavista, estaban inquieto como los demás congresistas por las rebeliones
especialmente en Virginia. Washington propone y logran acordarlo por unanimidad
también, que el Congreso de Filadelfia delibere en secreto.
¿Porqué? Según argumenta Frederick Munro
Watkins, profesor de Ciencia Politica de la Universidad de Yale en los años 40,
50 y 60, el Congreso de Filadelfia deseaba contrarrestar “la capacidad de las
mayorías populares de controlar el gobierno central” y fue por ello que “…el
gobierno de las mayorías fue limitado por el principio de la separación de los
poderes.”
Debido al secreto de las deliberaciones del
Congreso de Filadelfia no hay actas. Solo se conoce lo discutido por
infidencias parciales pero mayormente por “El Federalista”, publicado en forma
serializada en 1787 y 1788, escrito por James Madison, Alexander Hamilton y John
Jay. Los dos primeros son vistos como los redactores de la Constitución que
aprobó el Congreso de Filadelfia.
Del Federalista emana patente el temor de los
congresistas, predominantemente terratenientes aristocráticos y sus abogados, a
un poder central demasiado poderoso surgido de la mayoría a la que se refieren
reiteradamente en términos peyorativos, la ven como “the majority faction”.
A fin de evitar la influencia de “la mayoría
facciosa” complejizan la división de los poderes distribuyendo las funciones de
un gobierno entre un ejecutivo y el legislativo. Además le otorgan al poder
judicial la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley
aprobada por el ejecutivo y el legislativo. Culmina el edificio institucional
dirigido a impedir el control de la mayoría la rigidez que dificulta la reforma
constitucional, sostienen Watkins y sus seguidores en la literatura sobre la
Constitución de los EEUU.
Puede concluirse entonces que la división de
los poderes no es en su origen una institución democrática. Fue creada para
evitar que la mayoría controle las distintas funciones de cualquier gobierno.
Al copiar mansamente Alberdi la constitución de los EEUU ha hecho a nuestro
país usuario de un concepto constitucional anti-democrático en su origen histórico.
Política
comparada: la constitución británica
Hay tres democracias, el Reino Unido,
Australia y Nueva Zelanda cuya estructura constitucional proviene de otro
origen histórico: en el Reino Unido el parlamento luchó con la monarquía para
lograr el control político e impositivo. De ahí surge lo que se conoce como la
doctrina de la “supremacía del parlamento”.
Una vez derrotada la monarquía en el siglo XVII los líderes
parlamentarios, aun antes de establecerse el sufragio universal entre 1832 y
1886, no vieron razón para perder parte de su poder a manos judiciales.
Según A. V. Dicey la doctrina de la
supremacía parlamentaria es la característica dominante de las instituciones
políticas británicas. Un parlamento puede anular cualquier ley o aprobar cualquier
ley, aun las constitucionales y los tribunales no tienen autoridad para juzgar
la constitucionalidad o validez de una ley. Lo que sanciona el soberano con el
parlamento es ley, sin más.
Es decir un juez o un conjunto más enaltecido
de los mismos funcionando como corte suprema no debía pretender cambiar o
congelar lo decidido por el parlamento.
En 1871 un fallo famoso, Lee v. Bude &
Torrington Junction Railway Co (1871) se arguyó: "¿vamos a actuar como
regentes sobre lo hecho por el Parlamento, los Lores y los Comunes con el
consentimiento de la Reina? Niego que exista tal autoridad. Si una ley es
aprobada indebidamente por un Parlamento solo el legislativo puede anularla.
Una ley mientras exista como tal debe ser obedecida…[las] leyes aprobadas por
el Parlamento constituyen la ley. No somos los jueces quienes podemos
constituirnos en un tribunal de apelaciones de lo decidido por el Parlamento”.
Durante 600 años la corte suprema británica
funcionó como una comisión especial de la Camara de los Lores. La nueva Corte
suprema, separada de la Camara de los Lores, funciona independientemente desde
2009 pero, según informa en su sitio en el internet la Corte Suprema del Reino
Unido no puede contradecir lo decidido por el Parlamento. Su papel es de interpretación
de la ley, no su formulación.
La disposición constitucional de 1911,
“Parliament Act” que determina la supremacía de los Comunes dentro del
Parlamento, relega a los Lores al papel de una cámara que solo puede revisar
pero no detener ninguna ley presupuestaria o programática aprobada por los
Comunes, acentúa el carácter democrático de la constitución británica,
entendiendo por tal el control del poder por los electos por la mayoría del
electorado. Ningún juez u órgano judicial puede anular legislación.
En la tradición constitucional británica no
se teme a las mayorías, todo gobierno que elijan puede hacer y deshacer todo,
desde una ley anterior hasta las disposiciones constitucionales. Por caso
durante la guerra de 1939-45 las libertades civiles fueron abolidas sin chistar
y restauradas al terminar la guerra.
Otra característica del sistema
constitucional británico que refuerza el control por la mayoría electa por la
ciudadanía es la facilidad de la reforma constitución. El proceso es el mismo
de una ley ordinaria. No se teme al electorado ni se le ponen trabas.
La constitución británica, que está escrita
pero no está codificada, en una serie de leyes que datan de 1215 permite además
por confiar en el electorado y por tener mecanismos que permiten llamar a
elecciones rápidamente en caso de crisis política, no pone reparo alguno a la
re-elección. Si el electorado elige, también sabrá reemplazar.
Según Juan Linz la estructura parlamentaria
permite gobernar más eficientemente. Un primer ministro no puede argumentar,
prosigue Linz, como puede hacerse en un sistema presidencialista que no se pudo
lograr que el legislativo aprobara la legislación que proponía. Según R. M.
Punnett los gobiernos británicos logran aprobar desde 1945 el 84% de lo que
proponen al parlamento, un porcentaje que pondría verde envidia a cualquier
presidente como le hizo notar Clinton a Blair al asistir a una reunión de
gabinete. Sería aventurado argumentar que en el Reino Unido o en Australia o
Nueva Zelanda no hay democracia.
Guillermo A. Makin, politólogo argentino
radicado en Cambridge - Reino Unido. 58
Mulberry Close - Leys Road - Cambridge CB4 2AS - United Kingdom; T: [44]
(0)1223-353692 mobile: [44]
(0)7951580604; Skype: gamakin
No hay comentarios.:
Publicar un comentario